Costas aviva el fantasma de la expulsión entre las empresas del mar en dominio público al exigir su derribo en parte para poder seguir disfrutando de la concesión
21 ene 2020 . Actualizado a las 09:58 h.Las industrias situadas en la ribera del mar han entrado en pánico. Las últimas resoluciones remitidas por el equipo de la ministra Ribera a las firmas que han solicitado prórroga de la concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre han generado desazón en toda la cadena mar-industria, que ve peligrar la continuidad de las fábricas en aquellos emplazamientos en los que han venido desarrollando tradicionalmente su actividad, en algún caso durante más de medio siglo.
Es el caso de la boirense Paquito, a la que para seguir desarrollando su actividad de transformación de productos del mar debe derribar parte de las instalaciones, las que ocupan 400 metros cuadrados de dominio público. Y eso sin pararse a evaluar que se trata de un área ocupada por elementos esenciales, como cámaras frigoríficas y zonas dedicadas a cocción de mejillón y limpieza de cefalópodos, cuyo derribo provocaría un impacto técnico y económico que comprometería la continuidad de la factoría, a decir de la gerencia de la misma.
La comunicación trasciende unas semanas después de la recibida por el grupo Tres Mares, al que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar respondió a su solicitud de prórroga extraordinaria para la planta que la empresa tiene en Lires (Cee) otorgando un período de 40 años, pero empezando a contar desde la fecha en que se concedió la primera licencia: 1981. Por tanto, la empresa solo tiene garantizada la continuidad en ese emplazamiento por un año más, hasta el 2021.
Para los empresarios está claro que Transición Ecológica ya está aplicando los criterios que inspiran el nuevo reglamento de Costas, por más que este sea solo todavía un borrador abierto a alegaciones, y que lo que se persigue es «ver libre de toda actividad industrial el litoral marítimo terrestre», asegura Juan Vieites, secretario general de Anfaco. En ese texto, todavía a discusión, se pretenden otorgar concesiones por un máximo de 15 años y, en algunos casos, por no más de tres, algo que, a juicio de los empresarios, que supone «desincentivar la inversión en un sector económico vital para Galicia», apunta Roberto Fariña, presidente de la Asociación de Depuradores de Galicia (Agade).
Menos de los 75 años
«Nos dijeron que no iba a pasar nada, pero está pasando». Vieites alude al encuentro que los representantes de la cadena mar-industria mantuvieron poco antes de las elecciones con el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, en la que este hizo un llamamiento a la tranquilidad. Pero «¿cómo vas a estar tranquilo cuando esperabas 40 o 50 años de concesión y te conceden un año?» Luz Arregui, gerente de Tres Mares, todavía no ha salido de su asombro por lo que considera «una perversión de los 75 años que la ley permite solicitar». Y aunque ha presentado alegaciones a la resolución -con escasas esperanzas puesto que ya piensa en el recurso contencioso-administrativo que tendrá por delante-, denuncia la situación de inseguridad jurídica en la que se está dejando a las empresas, que no pueden hacer planes, ni invertir con semejante incertidumbre.
En eso incide Roberto Fariña, que explica que en los próximos años las concesiones caducarán en cascada y todo aquel que tiene que pedir solicitud de prórroga ha congelado sus planes de inversión porque desconoce el criterio de Costas, si es que sigue alguno, para decidir el plazo de ampliación.
Transición Ecológica no ha dado, por el momento, respuesta a la consulta realizada sobre las resoluciones de solicitudes y el estado de tramitación del nuevo reglamento de Costas.