Reservar para uso recreativo y turístico toda la ribera del mar, como se puede entender que pretende Transición Ecológica al tratar de retirar las actividades industriales del dominio público marítimo terrestre sería una ruina para Galicia, que más que del turismo, chiringuitos y pedaletas de playa vive de conserveras, depuradoras, cocederos, frigoríficos, marisqueo, bateas, etcétera. La actividad vinculada al mar que desarrolla en sus 1.700 kilómetros de costa aporta a su PIB un 2,8 %.
Aunque desde Transición Ecológica continúan sin responder a la pregunta de cuántas instalaciones se verían afectadas por la aplicación de los nuevos criterios, la Xunta cuantificó en más de cien empresas, 1.100 parques de cultivo y 5.000 instalaciones de distinta índole las asentadas en todo o en parte en terreno de dominio público marítimo-terrestre y, por tanto, sujetas a concesión.
Ante una amenaza de tal calado, no es extraño que los concellos costeros hayan comenzado a movilizarse para frenar una política que puede poner en jaque la economía de decenas de localidades. Son cerca de una quincena los municipios cuyas corporaciones han apoyado mociones de apoyo de la industria alimentaria marina frente a la propuesta de reforma de la Ley de Costas. Y lo han hecho concellos de muy distinto signo. Boiro, donde se asienta Paquito y con Gobierno socialista, la aprobó el viernes pasado, como también lo ha hecho Ferrol, Bueu, Cambados, A Illa, Xove, Cervo o Poio.