Guardia Civil y Europol desmantelan una red que introducía en España almeja de Portugal contaminada
SOMOS MAR
La operación «Txuspas» comenzó a raíz de la intoxicación de 27 personas en Cantabria y Asturias
20 dic 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Hacía algún tiempo que la Guardia Civil venía apreciando que cada vez abría más expedientes por irregularidades detectadas en el transporte de almeja. Y todos incoados por problemas en los documentos de control y trazabilidad de las partidas. Meras infracciones administrativas que se saldaban con la correspondiente sanción. Pero resulta que en verano se dispararon varias alertas sanitarias tras detectarse 27 casos de personas que resultaron intoxicadas por norovirus, rotovirus y virus hepatitis A tras comer marisco en distintos restaurantes de Cantabria y Asturias. Todos ellos habían ingerido almeja japónica.
A raíz de esas intoxicaciones denunciadas por la Dirección de Salud Pública de Cantabria, la Guardia Civil comenzó a repasar todos aquellas denuncias por documentación irregular en el transporte de almeja. Y ahí se encontró el hilo que detonó la operación Txuspas, liderada por el Seprona y coordinada por Europol, que permitió desmantelar una red internacional que introducía almeja japónica contaminada en España. Porque detrás de las meras infracciones administrativas había delitos contra la salud pública, falsedad documental, y asociación criminal.
Un total de doce personas han sido detenidas y otras 31 investigadas (39 españoles y 4 portugueses) y se han intervenido 80.000 euros en metálico y 38,5 toneladas de almeja, de las que 2,5 fueron aprehendidas en octubre del 2019, fruto de una redada que logró frustrar el último envío de almeja contaminada que la organización criminal trató de introducir en España. También se ha localizado un almacén clandestino en el que se almacenaba el bivalvo contaminado.
Dos rutas de entrada
Con seis registros y siete inspecciones, los investigadores lograron demostrar la existencia de un grupo organizado, con once empresas implicadas, que introducía el marisco en depuradoras españolas a través de dos rutas con destino final en Huelva y Cantabria.
La almeja era extraída en el estuario del Tajo, de elevada contaminación macrobiológica, por grupos de furtivos de varias nacionalidades (principalmente de países del Este) y de escasos recursos. Los suministradores falseaban los documentos de origen para hacerla pasar por procedente del río Sado. Además, los responsables de los viveros que recibían el producto mezclaban los bivalvos intoxicados con la almeja adquirida legalmente, con lo que los restaurantes que la adquirían desconocían la procedencia real.
La investigación cifra en más de 9 millones de euros los beneficios anuales de esta red delictiva.