Galicia denuncia en Bruselas que el veto al descarte empeora el oficio del mar

El sector carga contra una normativa que hace trabajar más e ingresar menos


Bruselas

El sector pesquero ha denunciado este lunes en el Parlamento Europeo que la obligación de desembarco es una herramienta compleja, rígida y difícil de aplicar, con un impacto negativo hasta la fecha. En esta línea, la industria ha lamentado que la aplicación de este instrumento se hiciera criminalizando al colectivo, cargando sobre sus hombros la sostenibilidad en el mar.

Los representantes de la industria han defendido en la última Comisión de Pesca del año en la Eurocámara que esta herramienta no cuenta con su apoyo y consideran que no sirve para cumplir con el objetivo de sostenibilidad, marcado por Bruselas. Han instado a la Comisión Europea a escuchar sus testimonios y dar un paso atrás con esta norma que solo implica obligaciones para la flota europea y no beneficia a nadie.

Uno de los ponentes ha sido Sergio López García, director de la Organización de Productores Pesqueras de Lugo (OPP-7), que ha señalado que, aunque el objetivo de la herramienta pudiera ser bueno en origen, «se ha implantado confundiendo términos y de golpe, sin medir el impacto para el sector». Considera que es un error confundir sostenibilidad con selectividad, mantra que han repetido varios representantes de la industria europea.

Así, han rechazado ser depredadores que tiran proteínas al mar y han defendido los tres pilares sobre los que se sustenta la pesca: medioambiental, económico y social. López ha lamentado que no se hayan tenido en cuenta estas tres patas del taburete, poniendo en riesgo la estabilidad del mismo. En el plano medioambiental, el representante gallego considera que la obligación de desembarco pone en riesgo el rendimiento máximo sostenible (RMS) y beneficia la pesca de especies de talla inferior a la legal. Por lo que respecta al plano económico, el veto al descarte «empeora el oficio en el mar», porque «obliga a trabajar más para ingresar menos» y tampoco ha tenido éxito en el social, pues «implica un mayor trabajo a bordo y menos horas de descanso, lo que implica un mayor riesgo de accidentes».

El sector ha recibido el apoyo de los eurodiputados y eurodiputadas de las distintas formaciones políticas. El popular Francisco Millán Mon ha urgido a Bruselas a dotar la norma de mayor flexibilidad, mientras que el socialista Nicolás González Casares, ha puesto el acento en mejorar las condiciones en los barcos para conseguir una renovación generacional y garantizar el futuro del sector. Su compañera de partido Clara Aguilera ha defendido el sistema de control español, «un sistema eficaz, pero que genera muchas sanciones y penaliza al sector, mientras que otros países son más laxos». Por ello, ha aprovechado la ocasión para reclamar un reglamento de control para corregir estas desigualdades.

La Comisión cree precipitado hablar de impacto negativo y aboga por poner cámaras a bordo

La Comisión Europea ha escuchado atentamente el testimonio de los representantes del sector y de los eurodiputados de las distintas formaciones políticas. Sin embargo, se ha mantenido firme en su defensa a la obligación de desembarco, amparándose en las 11 recomendaciones que publicó el Ejecutivo comunitario y en «la concienciación de la norma».

Ante la avalancha de peticiones por parte de la industria de analizar objetivamente el impacto de este instrumento, Bruselas ha insistido en que no cuenta con datos fiables y, por tanto, «es muy difícil evaluar si ha habido cambios o no el mar en el último año». La representante de la institución ha subrayado que este es el primer año que se hace una evaluación de la obligación de desembarco (OD) y «es muy pronto para valorar si hemos reducido o no la pesca no deseada a través del arte selectivo».

El Ejecutivo comunitario ha defendido la necesidad de implicar a los Estados y a los consejos consultivos, industria y oenegés, para mejorar «los problemas de control y aplicación en el mar del registro y notificación de capturas». Ha aprovechado para lanzar un dardo envenenado a los socios y al sector, pidiendo su apoyo para la propuesta de obligación de los barcos de llevar un circuito cerrado de televisión: «Estamos trabajando en mejorar el reglamento de control con este instrumento a distancia beneficioso para todos».

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