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La flota palangrera gallega dispone de un año para conjurar el veto al marrajo

e. abuín REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS MAR

CATI CLADERA

Podrá pescar la especie, pero en junio comenzarán a perfilarse medidas de gestión

27 nov 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

Todos los representantes pesqueros gallegos coinciden en que la 26 reunión de la ICCAT (Comisión para la Conservación del Atún Atlántico), que el lunes concluyó en Palma de Mallorca, ha sido la más dura y difícil que se recuerda en tiempos. El del marrajo fue «un parto complicado» y el acuerdo del patudo «salió con fórceps» en los últimos minutos de la cumbre, resumía Edelmiro Ulloa, gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (Arvi), nada más concluir el encuentro. También ha sido una de las reuniones en la que más se han sentido arropados por la Administración española y defendidos por los negociadores comunitarios, por más que, en ocasiones, estos a punto estuvieron de tirar la toalla y dar por buena la propuesta encabezada por Senegal -y alentada por Brasil y Canadá- para impedir la retención a bordo de marrajo. Es decir, su prohibición total.

José Manuel Fernández, de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, daba ya por hecho que habría una drástica reducción de capturas de este escualo, si es que no un veto total, cuando las partes contratantes decidieron por consenso romper el bloqueo y dejar un año más las cosas como están. Esto es, alijando los tiburones que lleguen muertos al costado del barco, siempre que este lleve un observador a bordo, ya sea físico o electrónico, como se viene haciendo desde el 2018.

Eso aleja el veto que propugnaban los mismos científicos de la ICCAT, pero solo durante un año. Un ejercicio en el que la flota tendrá que afanarse en demostrar que el consejo de prohibir su captura está basado en datos erróneos -no se han tenido en cuenta los aportados por la flota española-, porque la amenaza no se ha disipado. En este sentido, es una ventaja que no se haya vedado la pesca, pues de otro modo «non disporíamos de datos para avaliar a dinámica da poboación» y, por lo tanto, la prohibición podría convertirse en perpetua, apunta Fernández.

El primer horizonte es julio. En esa fecha se celebrará una reunión para avanzar en la gestión de esta especie. Lo que está sobre la mesa es la posible adopción de un total admisible de capturas (TAC), que será debatida en esa sesión de la ICCAT en la que «se estudiarán todos los escenarios de gestión presentados por los científicos», explicó Javier Garat, secretario general de Cepesca y presidente de Europêche.

Entre las especies amenazadas

La decisión, que ha generado gran algarabía en la flota gallega, ha caído como un jarro de agua fría sobre las organizaciones conservacionistas. WWF, por ejemplo, criticó ayer «la falta de adopción de una política de retención cero para el marrajo, principalmente debido a la oposición de la UE, EE. UU. y Curazao. Reprochan que no se haya tenido en cuenta la inclusión de esta especie en el listado de especies amenazadas, ni el informe de los científicos. «Es triste que potencias como la UE y los EE. UU. hayan decidido oponerse a una gran coalición de naciones y científicos que apoyaban medidas firmes contra la captura accidental de marrajo, en peligro de colapso», afirmó Raúl García, coordinador de pesca sostenible de WWF.

Reparto de la quenlla

Otro motivo de satisfacción para el palangre de superficie gallego son las decisiones que se han tomado para la quenlla, de fijar un TAC de 28.923 toneladas para el Atlántico sur -que no existía- y repartir el tope que sí estaba establecido para el norte: la UE acapara 32.538 de las 39.102 toneladas. Eso, según Fernández, aleja la amenaza de que otras flotas no comunitarias, que han aumentado sus capturas en los últimos años, pudiesen argumentar derechos históricos, amén de que, como explicó Garat, se aleja el riesgo de la sobreexplotación por falta de control de aquellas flotas.

Los atuneros ven reducido su cupo de patudo, el número de objetos y tendrán dos meses de veda 

Con la flota bonitera del Cantábrico impertérrita, dado que la posibilidad de aumentar el TAC este año ni se abordó, la cruz de la negociación fue lo ocurrido con el patudo. La flota cerquera congeladora europea siente que ha tenido que pagar los platos rotos del desaguisado de otras partes contratantes y, así, pese a ser responsable de apenas el 30 % de la pesca de esa especie, carga con el mayor peso de las medidas de recuperación: una reducción del 21 % en las capturas en el 2020, que será mayor en el 2021, una limitación en el uso de objetos por buque -de los 500 actuales se pasará a 350 el año que viene y 300 el siguiente-, una veda de dos meses en el 2020 y de tres en el 2021...

El sector comunitario cree que se está aplicando un trato desigual entre los países que capturan patudo del Atlántico a la hora de asumir medidas para reducir la mortalidad de juveniles. «Nuestra flota de cerco va a tener que asumir unos altos costes para contribuir, de manera muy desproporcionada, a la recuperación del patudo, frente a las flotas de palangre asiáticas que, capturando el 50 % del stock, se mantienen al margen de todas estas medidas», apuntó Javier Garat.

Zancadillas asiáticas

En la 26 cumbre tampoco fue la vencida. China y Japón bloquearon la generalización a todas las partes contratantes de la ICCAT de la política de aletas adheridas, que sigue la flota comunitaria desde hace años, obligada a desembarcar el cuerpo del tiburón con su extremidad pegada y torpedearon la imposición de proporcionar más datos a los científicos.