El Gobierno trata de calmar a la industria y dice que «no existe riesgo» para depuradoras ni piscifactorías

Losada resalta que la modificación del reglamento no afectará a la Ley de Costas, con lo que el plazo máximo de las concesiones será de 75 años


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«El Ministerio para la Transición Ecológica no modificará la Ley de Costas, por lo que no existe riesgo para la acuicultura ni las depuradoras gallegas». Así lo asegura en un comunicado la Delegación del Gobierno en Galicia, cuyo responsable, Javier Losada, se reunió ayer con empresarios y representantes de la cadena mar-industria.

Losada se comprometió a trasladar al ministerio de Ribera las propuestas del sector del mar en Galicia, en alerta desde que conocieron el texto de modificación de la modificación del reglamento general de Costas. La nueva redacción del polémico artículo 135, que según interpretan los profesionales del sector reduce a 15 años las concesiones, ha reavivado el temor a que en nombre del cambio climático se acabe expulsando a estas empresas al negarles el uso del dominio público marítimo-terrestre.

Esos recelos fueron trasladados al delegado del Gobierno por el presidente de la Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez; por el de la Asociación Gallega de Depuradores de Moluscos (Agade), Roberto Fariña; por Rosana Varela y Miriam Costas, en nombre de la patronal conservera Anfaco, y por Fernando Otero en el de la asociación de empresarios de acuicultura Apromar.

Losada, tras escuchar las propuestas de los afectados, señaló que en lo que está trabajando el Gobierno es en un nuevo reglamento general de Costas dadas «las incoherencias» del actual, del 2014. Se trata, según el delegado del Gobierno, de «eliminar la incertidumbre actual» y sortear la confusión que han apreciado tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo con una redacción más clara del reglamento.

«Con el objetivo de aportar certidumbre a largo plazo a las empresas», en el texto «se establecerán los criterios objetivos» que garanticen la imparcialidad en «la decisión sobre el otorgamiento de concesiones y prórrogas», pues los actuales acaban frecuentemente siendo «resueltos en vía judicial». La primera redacción ya ha estado a exposición pública y recibió más de un millar de alegaciones «que se analizarán en profundidad». Lo malo es que esta segunda escritura, a juicio de las empresas gallegas del mar, tampoco se garantiza esa seguridad jurídica que se supone que el Gobierno quiere dar a las compañías.

Este, por medio de su representante en Galicia, dice que no existe peligro alguno para las concesiones actuales», tanto «las ligadas a la acuicultura o a la depuración de marisco, que mantienen sus condiciones originales intactas». Lo que sí, reafirma que la modificación del reglamento no afectará a la ley, con lo que «se mantendrá el plazo máximo para las concesiones que establece» esa norma: 75 años.

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