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El ISM recupera como afiliados a 400 marineros a los que Francia exigió cotizar allí

La Voz REDACCIÓN

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PEPA LOSADA

La Seguridad Social francesa calcula que debe abonar a la Española 630.000 euros

09 oct 2019 . Actualizado a las 05:00 h.

Francia y España acaban de cerrar la polémica sobre la cotización de los marineros que, siendo españoles y contratados por españoles, trabajan en buques pesqueros franceses. En realidad la habían zanjado hace casi dos años -en noviembre del 2017-, cuando la Junta de Conciliación de la Unión Europea se pronunció a favor de España, en el sentido de que concluyó que los trabajadores del mar contratados por armadores españoles debían cotizar al ISM (Instituto Social de la Marina) y no al Enim (Établissement National des Invalides de la Marine) francés.

Eso que de forma tan tajante concluyó el mediador no estaba tan claro en el 2015, cuando, a raíz de irregularidades detectadas por los inspectores franceses -había tripulantes que cotizaban como autónomos-, Francia obligó a todo aquel que trabajase en un barco francés a estar dado de alta en su Seguridad Social. A pesar de la oposición y las protestas de España, lo cierto es que muchas casas armadoras afectadas, en tanto no se resolvía el conflicto, dieron de baja a sus trabajadores en el Inem para incorporarlos al Enim. Según datos de la Consellería do Mar, en junio del 2016 se habían inscrito en el sistema francés casi 200 del medio centenar de marineros enrolados en buques de capital gallego y bandera gala.

Resolución del conflicto

Dos años después de la resolución, el ISM y el Enim han llegado a un acuerdo sobre cómo finiquitar el conflicto. Así, ambos han acordado que el 1 de abril del 2017 es la fecha a partir de la que los afectados dados de alta en Francia pasarán a cotizar en España. Es decir, que los períodos cotizados al Enim entre el 1 de abril del 2017 y el 30 del junio de 2019 desaparecerán de las bases de datos de la Administración francesa para figurar en las de la española. Según detalló Trabajo en un comunicado, la medida podría afectar a unas 400 personas, que recibirán su nueva vida laboral.

Pese a que se fijó la fecha de abril del 2017, las autoridades francesas calculan que abonar a la Seguridad Social española las cotizaciones ingresadas entre enero del 2018 y junio del 2019: 630.000 euros, a los que habría que descontar 41.000 euros en metálico y otros 1.000 de prestaciones en especie.