La flota gallega deja Mauritania y busca refugio, a regañadientes, en Marruecos

Patrones de arrastre critican que se haya firmado un convenio que les recorta zonas


redacción / la voz

En condiciones normales, Julio Rioboo, patrón del Fuente de Macenlle, no cambiaría Mauritania, un caladero en el que acumula 28 años de experiencia, por Marruecos. Pero no le queda otra. Los continuos cortes en la frontera, que está convencido de que se deben al conflicto sahariano, han minado hasta tal punto la moral de la flota, el bolsillo de los armadores y la paciencia de los transportistas que hace que no vea el momento de dejar atrás esas aguas que conoce al dedillo. «Non se pode traballar estando pendente de si está aberto ou pechado o paso, se chegarían as caixas para poder descargar o peixe o se podes mandalo ao mercado», maldice Rioboo.

Tras su estela irá el resto de la flota que aún no ha tirado la toalla -pues tres han amarrado hace tiempo-. No todos lo harán de inmediato -dos se quedarán haciendo mareas hasta agotar la carnada que todavía les queda-, pero acabarán abandonando un caladero que en siete meses se ha convertido en un auténtico tormento. Un suplicio al que ninguna Administración ha querido, sabido o podido poner remedio. «Todos nos dan moi boas palabras e ánimos, pero ninguén nos bota unha man», se lamenta José Antonio González, presidente de Orpal y armador de uno de los palangreros que se quedará hasta agotar pertrechos para después colgar en su barco el cartel de Se Vende.

Ese lamento por el abandono institucional aparece también en el discurso de Julio Rioboo: «Non temos apoio da Comisión Europea, cando debería ser a primeira en presentarse aquí para obrigar a que nos deixen descargar en Dajla e salvar o peixe, en vez de botar máis gastos enriba dos armadores».

La Comisión, ese ente que fio primero la solución a la negociación del próximo acuerdo -era febrero y el pacto finaliza en noviembre- y solo cuando el cierre se prolongó durante diez días dejando pudrir la carga de varios barcos se reunió con el ministro de Pesca mauritano, envió el martes a un equipo de la DG-Mare (Asuntos Marítimos y Pesca) desde Bruselas a Nuakchot para tratar de resolver el problema. Al menos eso dijo al eurodiputado gallego Francisco Millán Mon, que interpeló a Aguiar Machado sobre el problema.

Pero ahora ya está el grueso de la flota realizando los trámites para salir para Marruecos. Los cuatro arrastreros de fresco, con el Fuente de Macenlle a la cabeza, ya tienen licencia para ir. Otros tres palangreros estaban tramitándola, según María José de Pazo, una de las afectadas.

Ahora bien, se van a regañadientes. Sobre todo ahora que, al menos los merluceros, han visto que en este acuerdo se les recorta las zonas de pesca. Solo podrán faenar en las aguas donde hay merluza en agosto, pues en septiembre se les reduce la zona unos 700 kilómetros. Rioboo carga de nuevo contra la Comisión y sus negociadores, «que non saben o que firman cando firman porque descoñecen o que é a pesca e como funciona o mar». En definitiva, que se entregarán a Marruecos 200 millones para que «nós so poidamos pescar ben 5 meses».

Pagar 7.000 euros por destruir el pescado rechazado en Algeciras

El Séptimo, el barco de González, es uno de los que seguirá en Mauritania. Dos mareas, que es para los que le dará la carnada que tiene. También se quedará el Nuevo Amada, palangrero de Ribeira, igual que el Séptimo, que no puede ir a Marruecos. Todo, porque en el nuevo pacto quedó en el olvido lo de retirar la limitación de tonelaje para este tipo de flota y se veta la entrada a buques de más de 150 GT. Y el Nuevo Amada los supera. Ese despiste tendrá que solventarse en una comisión mixta, que a saber cuándo se celebrará.

Más burocracia. «Como os gobernantes non espabilen, a isto quédalle pouco», aventura un González «aburrido, cansado e desmoralizado» porque no hacen más que surgir obstáculos que nadie remueve. «Eu se teño un problema no traballo, móvome para resolvelo, non se me ocorre mandar unha carta e listo», comenta indignado. Un enojo más que justificado, pues a la pérdida de unos 50.000 euros porque su pescado fue rechazado en el puesto de inspección fronteriza (PIF) de Algeciras, se suman los 7.000 euros que tendrá que pagar por destruir la carga. De nada le sirvió dar con una fábrica a la que vender las capturas para harina, pues resulta que ese pescado está en una categoría que solo se puede dedicar a compost o a biodiésel: «Non sei se se decatan de que son empresas familiares ás que están fundindo», comenta decidido a pedir responsabilidad patrimonial a la Administración.

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