El Gobierno contradice a la Xunta y afirma que el nuevo reglamento de Costas aportará seguridad jurídica

Dice que se mantendrá el plazo máximo de 75 años que ya fijaba la ley del 2013


Redacción / La Voz

Si el Ejecutivo autonómico aprovecha el calor electoral para incendiar los ánimos de industria y particulares gallegos por la propuesta de modificación del reglamento de Costas, el Gobierno central trata con el mismo fuelle de apagar las llamas y tranquilizar a un colectivo empresarial que, desde luego, no las tiene todas consigo. Ni las tenía ya antes de que arrancase la precampaña.

Un día después de que los populares agitasen en el Parlamento el temor por ver reducidos los plazos de las concesiones en terreno público y a las conserveras trasladadas, Moncloa envió a través de la delegación del Gobierno en Galicia un «mensaje de tranquilidad a la acuicultura gallega». Pidió calma a quienes desarrollen actividades de acuicultura y depuración en la costa gallega, porque la modificación en la que el departamento adscrito a Transición Ecológica ha empezado a trabajar «aportará certidumbre a largo plazo a las empresas».

Según explica en un comunicado, los cambios en el reglamento general de Costas tiene por objeto corregir «ciertas incorrecciones e incoherencias que afectan a la norma» del 2014, que desarrolla las leyes de 1988 y del 2013.

La reforma se abordó tras consultar con la Abogacía del Estado, que advirtió de la necesidad de introducir ciertas aclaraciones en el reglamento para «eliminar la incertidumbre actual». Y en esas está el Ministerio para la Transición Ecológica, que aclara que, por supuesto, «la modificación respetará la ley vigente».

Redacción más clara

Lo que se busca, según el Gobierno, es una redacción más clara y específica, que establecerá «los criterios objetivos que modulen la decisión sobre el otorgamiento de concesiones y prórrogas». Recuerda, además, que el nuevo texto ha recibido un buen número de alegaciones -1.600 en 15 días- que se analizarán. En cualquier caso, subraya, «no afectarán a las leyes» y, por tanto, se mantendrá «el plazo máximo que fija la ley del 2013 y que es de 75 años». Justo ahí está la tacha que ponen conserveros, depuradores y cocederos: que el reglamento consolida un cambio de criterio con el que no están de acuerdo y que escatima, cuando menos, 30 años a las concesiones. Y es que si antes del informe de la Abogacía del Estado las ampliaciones empezaban a contar a partir de la solicitud de la prórroga, ahora se toma como punto de partida la fecha de la concesión inicial.

Celaá dice que la pastera no puede tener más prórroga 

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, señaló ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el problema de la planta de celulosa de Ence, en Pontevedra, es que «está en un espacio público marítimo-terrestre» y la legislación vigente «dice que no puede tener una prórroga equivalente a los años que ya ha pasado abierta». De todos modos, añadió, el caso está «judicializado», por lo que habrá que estar pendiente de la resolución judicial», que debe emitir la Audiencia Nacional. El Gobierno desistió en marzo de presentarse en tres recursos por la factoría.

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