Mar agita en el Parlamento el temor a que se expulse a empresas de la costa

Insiste en que están en peligro más de cien firmas, no 5 como apuntan desde Madrid


Redacción / La Voz

Si en la calle huele a elecciones, no podía haber otro aroma en la comisión de Pesca del Parlamento de Galicia. La directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez, aprovechó una pregunta de guante blanco lanzada desde las bancadas del grupo que sustenta el Gobierno gallego para agitar de nuevo el temor que el nuevo reglamento de Costas ha despertado entre los titulares de concesiones en terreno público del litoral. Ni que decir tiene que eso le valió severos reproches por parte de la portavoz de Pesca del PSdeG, Loli Toja.

Preguntaba la popular Soraya Salorio por la opinión del Ejecutivo autonómico sobre la evolución de la capacidad exportadora de la conserva cuando, en la segunda parte de su intervención, dio pie a la número dos de Mar a colar el asunto que ya han agitado las conselleiras de Mar y Medio Rural, el secretario general del PPdeG y el mismísimo presidente de la Xunta: que la modificación del reglamento de Costas para dejar sin terreno público a Ence genera inseguridad jurídica a más de un centenar de empresas del complejo mar-industria.

A pesar de que el Gobierno central se empeña en subrayar que en el mismo caso de la pastera de Pontevedra -que puede desarrollar su actividad en terrenos que no sean de dominio público-marítimo terrestre- solo se encuentran otras cuatro empresas en Galicia, la Xunta contradice esos datos y asegura que están en peligro más de un centenar de empresas. Y esta vez, Rodríguez incluso detalló cifras. Según dijo, «entendemos que pode afectar nestes momentos a máis de cen empresas de cultivos mariños, transformación e auxiliares», de las que, detalló, más de 20 serían conserveras con gran afectación, unas 60 depuradoras, 5 cocederos y unas 26 instalaciones de acuicultura.

La directora xeral de Pesca acusó al Gobierno central de poner escollos a la industria de la comunidad al querer «apartar do litoral a empresas que tradicionalmente levan anos alí instaladas, sen importarlle que iso faga desaparecer tecido industrial galego».

Alegaciones

Rodríguez recordó que han presentado alegaciones a la modificación del decreto de Costas, porque altera «o réxime de concesión do dominio público marítimo-terrestre tal e como viñan sendo consideradas ata agora».

Las pegas se sustancian en la duración de la prórroga, la revisión «caso por caso» de que se siguen cumpliendo los requisitos para los que se concedió el terreno, y la de trasladar a otro sitio las actividades que pudiesen emplazarse en otro lugar. Entiende la Xunta que las prórrogas deben ser de 75 años a partir de que expire la inicial y no de 75 años en total, puesto que «hai empresas que fixeron as súas inversións contando con eses prazos e pode que vexan con temor que van correr riscos importantes de caídas económicas». Tampoco creen oportuno volver a revisar los requisitos que se exigieron en la primera solicitud de concesión y, por supuesto, rechazan el traslado de fábricas que no necesiten del mar para funcionar.

Reproches socialistas

La socialista Loli Toja, aprovechó el prólogo de su pregunta sobre las acciones de la Xunta para frenar la caída del consumo de pescado para abroncar a Rodríguez, a Salorio y, de paso, a la presidenta de la comisión. A esta última la acusó de no aplicar las normas de la misma forma para todos los grupos. No hizo advertencias, si no al contrario, permitió que la directora xeral se extendiese largo y tendido sobre una cuestión que no estaba registrada y no figuraba en el orden del día cuando a la oposición siempre se les conmina «a cinguirse ao tema» o a «apuntar que a pregunta non está rexistrada». Toja advirtió que pondrá el asunto en conocimiento del portavoz de su grupo para analizar si toman medidas legales.

Voces femeninas para hablar del mar  

En el Parlamento gallego, la pesca es, cada vez más, cosa de mujeres. A excepción de los responsables de Gardacostas y Portos, Lino Sexto y José Juan Durán, respectivamente, todas las intervenciones en la Comisión de Pesca de este martes fueron de mujeres. Con Marta Rodríguez como presidenta, defendieron iniciativas Montse Prado (BNG), Loli Toja (PSdeG), Salorio y Teresa Egerique (PPdeG) y Flora Miranda y Paula Quinteiro (En Marea) y respondieron a preguntas Mercedes Rodríguez e Isabel Concheiro, la secretaria xeral técnica de Mar.

 

El BNG apunta que la Costa da Morte necesita una base para el helicóptero

La portavoz de Pesca del BNG, Montse Prado, dejó ayer patente la preocupación de su grupo por que, a pesar de los naufragios ocurridos en diciembre pasado en la zona de la Costa da Morte, el helipuerto habilitado en su día para atender esa área siga «chea de xestas» tras la inversión de dos millones de euros y a pesar de los más de cien naufragios habidos en lo que va de siglo. Prado expuso esa inquietud en la pregunta formulada al subdirector de Gardacostas, Lino Sexto, sobre los tiempos de respuesta en el naufragio del Sin Querer Dos, ocurrido en diciembre, en el que los supervivientes fueron recogidos por barcos que estaban cerca de la zona y los medios de salvamento solo recogieron cadáveres, sugiriendo en su intervención la necesidad de que sea Galicia la que asuma las competencias en la materia.

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