Empresas gallegas temen que Costas expulse del litoral a más de cien fábricas

El sector prevé una catástrofe si tuvieran que desplazar sus instalaciones al interior

E. A.
Vigo, Redacción / La Voz

Las empresas gallegas instaladas en terreno público marítimo-terrestre le han visto las orejas al lobo y no les gusta nada. Ese lobo marino tiene apariencia de una reforma de la Ley de Costas que amenaza la ubicación de sus negocios en emplazamientos en primera línea de mar que hasta ahora estaban permitidos y pueden suponer una auténtica debacle en su futuro si, finalmente, las modificaciones arrastran a las empresas a moverse hacia el interior. Las consecuencias son por ahora incalculables, augurando una catástrofe por la imposibilidad de trasladarse lejos del litoral.

Preocupación es la palabra que define el ánimo de los afectados, que ayer comparecieron en la Confederación de Empresarios de Vigo para dar fe de su inquietud. Los representantes de la asociación de acuicultores Apromar, de la Asociación Gallega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade), y de las industrias transformadoras de productos del mar (Anfaco-Cecopesca) dejaron patente que la modificación de plazos y prórrogas de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre las deja, como mínimo, en un estado de inseguridad que no permite «el normal desarrollo de una economía tan importante como la que el mar genera. Lo que queremos es seguir trabajando cumpliendo con la legislación», señaló el presidente de Anfaco, Juan Manuel Vieites.

Fernando Otero, asesor jurídico de las empresas afectadas, señaló que son un centenar (60 depuradoras, 26 de cría de moluscos y una veintena dedicadas a la acuicultura). El valor de lo que facturan supera los 2.000 millones de euros y se cuentan por miles el número de trabajadores a los que podría acabar perjudicando.

Inicio del problema

El problema parte de la modificación parcial de la Ley de Costas de 1988, hecha en el 2013 y que introdujo las prórrogas extraordinarias de las concesiones, que estaban a punto de caducar. «La ley no concretó ningún plazo y fijó en un máximo de 40 años contando desde la fecha de la solicitud», recuerda Otero. Sin embargo, las alarmas saltaron cuando se cambió el criterio y las resoluciones comenzaron a llegar con hasta 40 años de ampliación de la concesión, pero a ese período había que descontar los años que ya se habían disfrutado durante el período de vigencia ordinaria de la concesión, lo que les roba unos 30 años.

El asesor jurídico subrayó que hay varias premisas equivocadas en el texto modificado: «Da por hecho que toda ocupación del dominio público marítimo es lesiva para el medio ambiente, que afecta al impacto visual, ya que la mayoría están agrupadas, y que el interés público coincide con que la costa esté libre de empresas, ya que existe el interés del tejido socioeconómico». Los empresarios solicitan la revisión de decisiones que han generado la situación, al tiempo que subrayan que «tenemos acreditada la sostenibilidad medioambiental porque dependemos de ella».

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica negaron que se pretenda echar del litoral a las empresas que, a diferencia de Ence, realmente necesitan estar en la costa para funcionar. En cuanto al cambio de criterio a la hora de contabilizar el inicio de la prórroga, señalan que se hizo a instancias del informe de la Abogacía del Estado que advirtió de contradicciones entre la ley y el reglamento de Costas, ambos redactados con el PP en el Gobierno, y que era preciso unificar el criterio y optó por comenzar a contar la prórroga desde el inicio de la concesión, no desde la solicitud. Con ese informe en la mano, resolver algo distinto «sería prevaricación», aducen desde Costas.

La Xunta azuza a los concellos contra Madrid al decir que hay 80 con 5.000 edificios afectados 

La inquietud que ya ha calado en las empresas piscícolas y de transformación podría contagiarse a los ayuntamientos si cala el mensaje que ayer trasladaron las conselleiras de Mar, Rosa Quintana, y de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, al vicepresidente de la Fegamp (Federación Galega de Municipios y Provincias), Alfonso Villares: que, según el Instituto de Estudos do Territorio, en los 80 municipios costeros de Galicia hay 4.934 edificaciones que están íntegra o parcialmente en zona de dominio público terrestre. Inmuebles dedicados a fines distintos y diversos: colegios, depuradoras, escuelas infantiles... y que se verían afectados por la modificación del reglamento de Costas.

El plazo de presentación de alegaciones ya está cerrado, pero, aún así, Mar y Medio Ambiente han querido que la Fegamp «traslade esta información ás entidades municipais para advertilos da posible incidencia nos seus territorios», dijo Vázquez, al tiempo que llamó a frenar una modificación que, «para vestir a súa postura no allanamento de Ence», va a ocasionar «un prexuizo económico, sanitario, social e educativo».

Desde Costas ponen en duda la veracidad de los datos de la Xunta, pues, insisten, en la situación de Ence, con instalaciones sobre dominio público marítimo-terrestre cuando pueden desarrollar su actividad en otro emplazamiento, hay otras cuatro empresas en Galicia y 31 en toda España, por lo que suponen que han contabilizado, «no se sabe con qué intención» todas las concesiones que hay en la comunidad.

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