El decreto se aprueba dos años después de liberalizarse el sector
29 mar 2019 . Actualizado a las 20:33 h.Las empresas de trabajo temporal (ETT) que entren en los nuevos centros portuarios de empleo (CPE), sucesores de las sociedades de las que dependen los estibadores (conocidas como Sagep), a raíz de la reforma acometida en el sector hace dos años, deberán contar con una licencia específica para carga y descarga de mercancías. Así lo recoge el decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros, que viene a completar esa reconversión y «asegurar una transición ordenada».
Desde el Ministerio de Fomento justificaron el retraso en contar con esa «experiencia acumulada» antes de «fortalece el marco jurídico» y, a la vez, «asegurar el mayor consenso posible» con los actores implicados, incluida la Comisión Europea.
El primer decreto que liberalizó el sector se aprobó en mayo del 2017, a instancias precisamente de la UE, que terminó multando a España con tres millones de euros por el retraso en aplicar su normativa.
El texto visado ayer recoge también la subrogación obligatoria -a través de los convenios colectivos- de los trabajadores de las empresas portuarias (las Sagep), de manera que las ETT o cualquier otro actor que pase a gestionar la estiba en un puerto tenga que contar, al menos, con la misma plantilla, como «en otros sectores». Desde el Gobierno defienden que eso «conjuga» la libertad de contratación con los derechos de los trabajadores.
Organización del trabajo
También se refuerza la capacidad de los empresarios en la organización y dirección del trabajo, en la línea del acuerdo entre los sindicatos de la estiba y la patronal Anesco para una reorganización de los turnos, si bien siempre canalizándolo a través de la negociación colectiva. También se pactó hace dos años una rebaja salarial del 10 % para los salarios medios y altos del sector.
Sobre el acceso a la profesión de estibador, se permitirá el uso del contrato de aprendizaje para que quienes cursen el llamado certificado de profesionalidad puedan combinar su formación con el trabajo práctico. Asimismo, se rebaja el número de horas exigidas para obtener esa capacitación, que quedan en 400, frente a las 600 del decreto del 2017.
Además, se va a tramitar de forma urgente otra norma que prevé conceder hasta 120 millones en ayudas públicas para sufragar las prejubilaciones -de quienes les falten 5 años o menos para la edad legal de retiro- y bajas voluntarias acordadas por los agentes del sector, que cuenta con 6.150 estibadores.
Pese a todo, la patronal Anesco y los sindicatos de la estiba aún siguen amenazados con una posible multa por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El órgano regulador, que prevé concluir su expediente sancionador antes del verano, les acusa de «conductas colusorias con la libre competencia» a raíz de su pacto, al considerar que limita la contratación de personal. El castigo económico que podría recaer sobre esos agentes sociales rondaría los siete millones de euros, la mayor parte a cargo de la referida asociación empresarial.
La Coordinadora, sindicato mayoritario en la estiba, celebra la llegada de un decreto que puede ser «un paso hacia adelante fundamental» para cerrar un conflicto «que ha dejado pérdidas millonarias en uno de los sectores económicos de este país», señala el sindicato en un comunicado.