Una empresa gallega denuncia a Bruselas por no controlar la potencia de los barcos

Puede que en el plano meteorológico la cosa esté calmada, pero en el aspecto jurídico amenaza galerna en el Cantábrico noroeste. Y no solo porque una nueva sentencia de la Audiencia Nacional viene a poner de nuevo en solfa las operaciones de compraventa de cuotas realizadas en ese caladero. La ribeirense Armadora Parleros -responsable de la demanda que acabó tumbando aquel primer plan de gestión del Cantábrico redactado en el 2013- está decidida a continuar moviéndose en todos esos vaivenes legales a pesar de que ha desguazado sus embarcaciones. Así, además de seguir pleiteando contra las sucesivas órdenes que regulan el Cantábrico, ha decidido actuar a nivel comunitario y, sin reparos a meter el dedo en un avispero, denunciar el supuesto exceso de potencia de las embarcaciones que operan en el caladero.

Porque eso es lo que ha hecho la empresa: solicitar a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que tome un acuerdo en relación al incumplimiento por parte del Estado español y del Ejecutivo comunitario del reglamento que les obliga a adoptar medidas para controlar la potencia motriz de la flota de buques arrastreros que faenan en las aguas del Cantábrico Noroeste. Según expone Carlos Palmou, representante legal de la Armadora Parleros, España tiene el imperativo de revisar la potencia nominal de sus barcos desde el 2009. Pero pese a que así se solicitó en su día al Ministerio de Agricultura, no lo ha hecho. Es más, es muy probable que «só catro buques do caladoiro estean dentro da legalidade», expone Palmou. E incluso apunta que hay algún arrastrero que, por la potencia que declara en los papeles, no podría navegar, dadas sus características.

Normas de la PCP

La armadora demandante sostiene que Bruselas y España han incumplido de manera flagrante el reglamento de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común (PCP). Las inspecciones brillan por su ausencia. No se ha examinado toda la flota, ni se han adoptado «medidas necesarias para que los buques pesqueros tengan una capacidad pesquera real, tanto en lo referido al arqueo bruto como al kilovatio, que no supere lo dispuesto en sus licencias», expone en su demanda. Porque, recuerda, cada país de la UE tiene un tope de potencia que no puede superarse y solo se permite incorporar nuevas embarcaciones si previamente se retira la misma capacidad tanto en kilovatios como en GT.

Lo que Parleros pretende es que se dicte una resolución que declare la ilegalidad de la Comisión en lo referente a la labor de supervisión de España porque uno y otro han obviado actuar conforme a sus obligaciones, a la vez que se realicen actuaciones necesarias para confirmar ese incumplimiento y, en consecuencia, «se suspenda proporcionalmente o interrumpa la financiación de la UE sancionando a quien corresponda».

Indemnizaciones

Y todo para solicitar indemnizaciones por daños y perjuicios que por responsabilidad patrimonial del Estado español y de la Comisión se han ocasionado a la armadora ribeirense.

Pero ese es solo un elemento de la galerna jurídica que aparece en las previsiones. Porque si bien es cierto que la Audiencia Nacional -al igual que hizo con el recurso de la organización Pescagalicia-, solo estimó parcialmente la demanda presentada contra la orden del 2015 que establece el plan de gestión para el Cantábrico, Armadora Parleros, a diferencia de la agrupación citada anteriormente, ha decidido recurrir en casación ante el Tribunal Supremo el reparto de cuotas en el arrastre. La ribeirense cree que la distribución lineal de cupos que en su día se realizó entre los arrastreros del Cantábrico es contraria a la Ley de Pesca Marítima, que da preponderancia a la historicidad en la pesquería, criterio que en el caso de este segmento de flota se obvió por completo.

Así, la armadora reclama al Supremo que anule el reparto para que se realice uno nuevo en función de la actividad pesquera históricamente desarrollada por cada embarcación.

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