La Eurocámara abre el caladero marroquí a la flota española

El Parlamento Europeo da luz verde al acuerdo pesquero que incluye las aguas del Sáhara occidental


Bruselas / Corresponsal

La flota española leva anclas y pone rumbo a aguas saharauis. Casi siete meses después de ser expulsada de ese caladero (14 de julio del 2018), hasta 128 arrastreros, cerqueros y palangreros europeos -92 de ellos españoles y en torno a una decena gallegos-, podrán volver a pescar en la zona durante los próximos cuatro años a cambio de un desembolso de 208,6 millones de euros.

El acuerdo pesquero negociado entre la UE y Marruecos recibió esta mañana la luz verde del Parlamento Europeo, con 415 votos a favor del texto, 189 en contra y 49 abstenciones. Este paso adelante pone fin a la angustiosa espera de la flota que reclama desde hace meses acelerar los trámites para limitar las pérdidas. Cuatro buques gallegos siguen pendientes de la ratificación oficial para volver a faenar en esas aguas de donde la UE obtiene el 91% de las capturas encuadradas en el acuerdo pactado con Rabat.

Aunque se ha aplacado la ansiedad del sector pesquero, lo cierto es que la incertidumbre continúa. Y la razón no es otra que el conflicto político latente por la soberanía del Sáhara occidental.

Existen muchas voces críticas que siguen poniendo en cuestión la validez de los acuerdos comerciales (productos agrícolas y pesqueros) y el mismo pacto pesquero sellado con Marruecos por incluir las aguas de un territorio ocupado como es el Sáhara, cuya jurisdicción sigue en disputa en los organismos internacionales. Una de ellas es la de Human Right Watch. La oenegé exigió al PE consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si el texto podría vulnerar los derechos humanos, pero su demanda, canalizada por los ecologistas, fue rechazada en el plenario por una aplastante mayoría de diputados (410) que no consideran oportuno pedir la opinión de la justicia europea. “El Sáhara occidental no es territorio marroquí y ni Rabat ni Bruselas tienen legitimidad para negociar nada que afecte a este territorio ni a sus aguas territoriales”, abundó el eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán.

El propio TJUE puso contra las cuerdas el acuerdo pesquero en su sentencia del 27 de febrero del 2018, al excluir del ámbito de aplicación las aguas saharauis: “Teniendo en cuenta el hecho de que el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del territorio del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental no son parte de la zona de pesca marroquí a la que hace referencia el acuerdo”, reza el dictamen.

La decisión cayó como un jarro de agua fría sobre el sector y las autoridades europeas que trataron de buscar un atajo para sortear las reservas de la justicia. ¿Cómo? Acatando tres condiciones: mencionando expresamente en el texto del acuerdo al Sáhara, garantizando que el protocolo será beneficioso para la comunidad local y abrir un proceso de consultas con la población de ese territorio.

La primera y la segunda se han cumplido, aparentemente. El Sáhara y la sentencia del TJUE se mencionan en el acuerdo en el que también se señalan sus bondades: mantenimiento de 90.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Pero no está tan claro que las consultas se hayan desarrollado con la seriedad que exige un acuerdo de este tipo. Aunque la UE asegura que «la mayor parte de la gente consultada estaba a favor de un nuevo acuerdo de pesca y de la renovación del protocolo», lo cierto es que el Frente Polisario niega que las conversaciones con la UE hayan sido honestas. Su portavoz, Mohamed Sidati, denunció el pasado 10 de octubre en la Eurocámara, las mentiras del servicio de diplomacia exterior de la UE: «Dijeron que harían consultas incluyendo al Frente Polisario, pero nunca las hubo», deslizó antes de acusar a la UE de perpetuar «una estructura de pillaje» en el Sáhara. Bruselas guardó silencio entonces y se ha negado a dar detalles de las supuestas consultas.  

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