Archivan el caso de sobornos a policías del Berbés pese a ver «irregularidades»
SOMOS MAR
El juez no halla pruebas y recalca que esas prácticas «normales» fueron erradicadas
01 feb 2019 . Actualizado a las 21:17 h.El Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo ha decretado el sobreseimiento provisional del procedimiento en el que se investigaba la presunta venta ilegal de pescado en el puerto del Berbés, en Vigo. Había varios policías portuarios acusados de aceptar sobornos (en forma de cajas de pescado) por hacer la vista gorda en el volumen de descargas en los muelles por dar chivatazos de las inspecciones.
El juez Juan Carlos Carballal advierte en su auto de que, a pesar del sobreseimiento, durante la instrucción ha quedado de manifiesto que «el cúmulo de irregularidades en la gestión de las distintas actividades portuarias era notoria y patente, sobre todo por los jefes de la policía portuaria». A raíz de la investigación, según el magistrado, «muchos de aquellos comportamientos irregulares que desde antaño se venían asumiendo como normales han dejado de producirse, lo que sin duda beneficia al conjunto de la sociedad y a los propios usuarios de las instalaciones».
Según el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), se investigaba la presunta comisión de delitos de cohecho y revelación de secretos. El juez señala en el auto que, en lo referente a los avisos de inspecciones, si bien las conversaciones telefónicas han puesto «en evidencia esas prácticas», tales hechos «no pueden integrar el tipo penal, pues en el momento que la inspección entra en dependencias del puerto ya deja de ser secreta», porque los agentes actúan a la vista de todo el mundo y solo hay un margen de uno o dos minutos para dar el chivatazo. Sobre los delitos de cohecho, el magistrado indica que no se ha podido constatar que por esos avisos «se recibiera o pidiera alguna dádiva». Aún cabe interponer recurso de apelación.
El juez reconoce el mérito de la Guardia Civil por su laboriosa investigación en un contexto muy complicado como es la lonja del Berbés, en la que hacían seguimientos y fotografías. Los agentes también recabaron testigos. Sin embargo, el magistrado no ve acreditadas las sospechas iniciales como para hacer una imputación. Lo que sí afirma es que la investigación «ha puesto de manifiesto la existencia de evidentes irregularidades en distintos ámbitos del puerto del Berbés y, principalmente en el seno de la policía portuaria, mantenidas en el tiempo».
Conversaciones grabadas
A través de las conversaciones grabadas, el juez ve una relación que «dista de la necesaria y adecuada profesionalidad» requerida a un agente del orden (el antiguo guardamuelles, ahora policía portuario) con armadores o encargados. Dice que entre ellos se avisaban de inspecciones o hablaban en «lenguaje subrepticio» sobre la entrega de alguna pieza de pescado. La Guardia Civil también constató «irregularidades», como la presencia de un sospechoso vendiendo en la lonja sin tener autorización para ello o desplazando el pescado dentro de las instalaciones sin el debido control.
El juez admite que dos testigos incluso refirieron actividades de alguno de los jefes de la policía portuaria «contrarias a derecho», pues, contaban, pues les exigían dádivas a cambio de hacer la vista gorda o favorecerles en la asignación de puestos. Sin embargo, no es prueba suficiente.
El tribunal teme que funcione la «ley del silencio», pero no puede aceptar rumores
El juez investigó dos delitos: cohecho y revelación de secretos. En el primero, la acusación sostenía que algún policía portuario solicitaba dádivas, tanto en dinero como en especie, por favorecer en la asignación de huecos en la lonja, por avisar de la presencia de inspecciones y por no sancionar ciertas conductas.
Dos testigos contaron que unos jefes les exigieron el pago de coimas (sobornos en el argot) y si no aceptaban, les sancionaban por cualquier cuestión. El juez no duda de los testimonios, pero no pueden ser determinantes para una acusación con garantías porque no hay acreditación documental de pago ni se ve un aumento ilícito del patrimonio de los investigados. A eso se suma que los testigos fueron reiteradamente sancionados, incluso cuando decían que pagaban las dádivas. El juez extrema la cautela y aunque «la ley del silencio» se haya puesto en marcha en un ámbito tan restringido como el Berbés, él no puede sostener la investigación «en rumores», por muy extendidos que sean.
Otra acusación contra algunos jefes es que un cómplice recogía las piezas de pescado y las revendía en la lonja. Luego, los mandos se repartían los beneficios. El juez admite que dicho sospechoso vende desde hace años sin permiso, «a la vista y paciencia de todos», pero no puede ir más allá. Respecto a los chivatazos, dice que las conversaciones grabadas destapan avisos de la llegada de los inspectores al puesto de control pero no cobran dádivas por algo a la vista de todos.