La Guardia Civil no descarta ampliar a otros pósitos la investigación de las ventas

El fiscal valora imputar delito medioambiental a los implicados en San Telmo y Lourizán


Pontevedra / La Voz

«Estamos en fase de investigación», señaló este miércoles el teniente coronel Manuel Touceda cuando se le preguntó por la operación desarrollada por el Seprona en las dos cofradías pontevedresas, San Telmo y Lourizán, en las que se han detectado supuestas ventas irregulares. A preguntas de los medios de comunicación, y al respecto de las voces en el sector que afirman que es una práctica generalizada, el responsable del instituto armado en funciones dejó claro que, «si es una práctica que está extendida, tendremos que indagar y extenderemos la investigación». En este punto, coincidió con la Fiscalía Provincial al precisar que el fraude que supuestamente se ha producido asciende a unos 400.000 euros -el ministerio público lo concreta en 205.375 euros en el caso de San Telmo y 258.317 euros en el supuesto de Lourizán-. «Era una práctica que veníamos detectando desde el año 2016 y tenemos en torno a veinte investigados», entre los que se encontrarían, presumiblemente, integrantes de la junta directiva de las agrupaciones de marisqueo a pie y dos empleados de la lonja de Campelo (Poio).

Aunque inicialmente desde la Guardia Civil se citaban los delitos de falsedad documental, administración desleal y estafa, finalmente la Fiscalía de Pontevedra entiende que, en principio, no se cumplen los requisitos que requiere el Código Penal para recoger estos dos últimos cargos. Y por el contrario, en la querella presentada por el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, en el Juzgado de Instrucción Número 1 se alude a un delito no concretado por los investigadores del instituto armado, que es el de organización criminal.

Este punto, el ministerio público sostiene que la práctica totalidad de los investigados son autores directos de los delitos imputados, toda vez que «sin cuya intervención directa el hecho en cada cofradía no se hubiera producido». No obstante, y en el caso concreto de los dos empleados de la lonja de Campelo, se considera que tuvieron una participación que «reviste los caracteres de la coautoría necesaria», lo que podría, llegado el caso, significar una minoración de las penas que se les solicite en el supuesto de que se abra juicio oral.

A este respecto, Aladro deja la puerta abierta, ya no solo a que la cifra de personas bajo sospecha por las supuestas irregularidades en las cofradías se incremente en función de las diligencias judiciales que se lleven a cabo, sino que, incluso, alude a la posibilidad de imputar un tercer delito medioambiental. El mismo sería consecuencia, de confirmarse, de una presunta sobreexplotación de los bancos marisqueros.

Y es que, en su querella se recoge que «el exceso del total de los mariscadores tendría que servir para compensar el coste del punto de control y, una vez compensado lo que sobra, debería ser devuelto al mar, lo cual no se hace y se vende en la lonja». Esta forma de proceder habría reportado a los pósitos pontevedreses unos ingresos de 2,1 millones.

La Fiscalía quiere saber si existió una sobreexplotación de los bancos marisqueros

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