Dos pósitos pontevedreses ingresaron 2,1 millones con las ventas irregulares

La Fiscalía cree que los 20 investigados cobraron medio millón de forma fraudulenta


Pontevedra / La Voz

El Juzgado de Instrucción número 1 de Pontevedra ya tiene sobre la mesa la querella del fiscal jefe provincial, Juan Carlos Aladro, contra la supuesta trama de ventas irregulares de marisco en las cofradías pontevedresas de San Telmo y Lourizán. Tal y como refiere el documento, la investigación que asumió el Seprona tuvo origen en la denuncia de una mariscadora que advirtió a la Guardia Civil de la presunta «existencia de ciertas irregularidades falsarias que se producen en el punto de control durante el pesaje de las capturas de almeja». El ministerio público reseña que es en el punto de control donde, además de pesarse y clasificarse los bivalvos, se emite un vale en el que se hace constar los kilos y especies extraídas por cada mariscador. Posteriormente, la mercancía se traslada a la lonja de Campelo, en el municipio de Poio, para su subasta. «Todas las capturas tienen que pasar por el punto de control, y todas las ventas tienen que pasar por la lonja», recoge la querella, de modo que «lo normal sería que los kilos vendidos fueran iguales a los extraídos». Y, sin embargo, «esto no es así».

La Fiscalía alude a que el personal del punto de control, aunque no realiza trabajo de extracción en el banco marisquero, percibe un dinero al «autorrealizarse un vale anotándose la mayor cuota autorizada y la de mejor categoría». De este modo, esta cantidad que figura en los vales como recogida, realmente no se puede vender en la lonja de Campelo «porque simplemente no existe».

En segundo lugar, y para financiar esa pérdida, se venía extrayendo una cantidad que superaba la cuota autorizada individualmente a cada profesional. Y paralelamente, Juan Carlos Aladro añade que «el personal del punto de control falsea los vales de ciertos mariscadores, hecho que realizan de forma arbitraria y no equitativa», hasta el punto de que se beneficiarían personas que no acudieron a mariscar o se compensa a individuos que retiran «un gran exceso de kilos».

Este modus operandi genera, en opinión del fiscal jefe de Pontevedra, que las dos cofradías dejasen de ingresar cerca de medio millón -205.375 euros en el caso de San Telmo y 258.317 euros en el supuesto de Lourizán- que «se deriva de haber pagado estas cantidades sin ser debidas». Y de igual modo, el exceso de marisco, que tendría que devolverse al mar, fue, según el fiscal, vendido en lonja reportando unos ingresos a mayores de 1.244.235 euros al primero de los pósitos y 992.681 euros al segundo.

 La Fiscalía considera que la veintena de personas investigadas pudieron cometer delitos de falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

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