Responsable de menos del 5 % de los descartes, cree que está condenada a desaparecer si no se les exime de las cuotas
19 nov 2018 . Actualizado a las 05:00 h.«Tranquilos, que la flota no va a tener que quedar amarrada». No hace ni un mes que João Aguiar Machado, director general de la DG-Mare (Asuntos Marítimos y Pesca), trasladó ese mensaje a los entonces presidentes de las federaciones de cofradías gallega y de Pontevedra, Tomás Fajardo y José Antonio Gómez Castro, para calmar la desazón de la flota artesanal ante la llegada de la obligación de desembarco -que leída al revés es la prohibición de los descartes-. Pero hay en Galicia un dicho escatológico que termina en «agarrado a un pau de millo» y, a menos de dos meses de que sea imperativo traer a puerto todo lo que se pesque de las especies sujetas a cuota, en la bajura cunde la desazón.
«No quiero ni pensar qué puede ocurrir allá por febrero, cuando se agote la cuota de caballa y un barco de, por ejemplo, enmalle, tenga que quedar amarrado a puerto por ser susceptible de capturar esa especie», expuso Fajardo en el Congreso sobre Sostibilidade Social e Económica Pesqueira que se celebró la semana pasada en A Coruña. «Dicen que eso no va a suceder, pero no cómo se va a solucionar», añadió.
Y así está, sumida en la incertidumbre, una flota, la artesanal, que es, asegura, la que más difícil lo tiene para cumplir con ese imperativo de la política común de pesca (PCP). Más complicado porque su volumen de descartes no da como para montar una «fábrica de harina de pescado o de cosmética», ironizó Fajardo, y porque tampoco es, precisamente, el segmento más boyante en cuotas.
Desobediencia
Pues ya se lo pueden ir aclarando, porque la bajura está dispuesta a la insumisión. A desobedecer la prohibición de descartes. Así lo han manifestado un 85 % de los profesionales encuestados por el equipo de la Universidade de Santiago de Compostela que, dirigido por el profesor Sebastián Villasante, ha cuantificado el impacto de la obligación de desembarque en la pesca artesanal de Galicia: «Gran parte de los pescadores artesanales (85 %) no muestra ninguna disposición a aceptar la obligación de desembarco (OD)». Un colectivo que, además, está convencido de que, si no se toman medidas valientes y contundentes, la bajura desaparecerá. Según ese estudio, más de un 60 % cree que su aplicación «va a significar el abandono de la actividad pesquera».
La única posibilidad de que los artesanales entren por el aro de los descartes radica en el cambio del sistema de TAC (totales admisibles de capturas) y cuotas, de las que incluso, sugieren, este segmento de flota debería quedar al margen. La promoción de la pesca artesanal y el aumento de las excepciones de mínimos son otros de los incentivos que identifica el estudio.
Segmento desatendido
Desde luego, la bajura no supone un problema en cuanto a la generación de descartes, ese pescado que se devuelve muerto al mar. Y si ha caído en el mismo saco que las flotas industriales es, según defienden Villasante y su equipo, porque nadie en Europa ha prestado atención al impacto de este segmento de flota. El grupo de la USC, que sí lo ha hecho, estima que es de entre un 0 y un 5 % del volumen total de capturas en las especies estudiadas, que son xarda, merluza y raya. Pese a esa escasa incidencia, tendrá que pagar los platos rotos. Y bien caros, pues el equipo calcula que la pérdida económica de la flota que captura aquellas variedades será de 60 millones de euros al año. Eso, sin efecto dominó. Caerán los impuestos que se pagan y habrá más para cobrar el paro. Bastantes más, dado que Villasante y su equipo cifran en casi 3.000 pescadores el impacto directo, que, si se multiplica por cuatro para estimar familias, el total arroja 10.800 personas. Eso sin contar los efectos inducidos sobre el resto de las actividades económicas que proveen o demandan bienes y servicios procedentes de la pesca artesanal.
Y todo esto en un sector que ya ha descartado muchos pescadores, del orden del 20 % entre el 2004 y el 2014, y que ha adelgazado en un 17 %, según datos del citado estudio encargado por la Federación Galega de Confrarías.
Sesenta millones de euros y 3.000 pescadores: posible factura en la flota artesanal
De como un debate «na taberna global que son as redes sociais» se convirtió en norma
Un día, el cocinero británico Hugh Fearnley-Whittingstall se subió a un pesquero en el mar del Norte y quedó boquiabierto por la cantidad de pescado muerto que se devolvía al mar. Y al regresar del periplo lo contó en la «taberna global que son as redes sociais», pero generalizando y sin pararse a valorar matices. El caso es que consiguió que lo escuchasen y en poco tiempo logró 870.000 firmas en 195 países (curiosamente, porque reconocidos hay 194). Así resumió Antonio Basanta, jefe de gabinete de la Consellería do Mar, el germen de la obligación de desembarco: una charla de taberna que llegó a oídos de Bruselas, pero en la que no se dejó intervenir o no se quiso escuchar al pescador.
Porque si Hugh, en lugar de ir al mar del Norte a pescar, viniese a Galicia y comprobase que en sus lonjas se comercializan hasta 270 especies, quizás la cosa cambiaría. «Pero se ata vendemos a lagostilla, que é unha cigala con tamaño de camarón! Que máis queren que fagamos rendible? As pedras que veñen na rede para asfaltar estradas?», enfatizó Basanta.
El FEMP no es una solución
Este abogó por un cambio en la gestión hacia el control por esfuerzo pesquero, dado que «o veto aos descartes cos TAC vén a ser como a cuadratura do círculo, ou sorber e soprar a un tempo». Y Galicia se juega demasiado como para que la única solución que apunten desde Bruselas sea que disponen de fondos FEMP (Fondo Europeo Marítimo Pesquero), «coma se fosen o bálsamo de Fierabrás». Se juega tanto como 161.000 euros por barco de arrastre, con lo que la pérdida de producción de esa flota gallega en el caladero del Cantábrico Noroeste sería de 15 millones de euros.