La Guardia Civil inmoviliza en A Coruña 153,5 toneladas de cigala congelada

Las firmas emprenden una frenética búsqueda de papeles para demostrar la trazabilidad

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Inmobilizadas 153,5 toneladas de cigala sin garantías sanitarias Se trata de la segunda fase de la operación Pinza Roja

Redacción / la voz

La operación Pinza Roja, con la que la Guardia Civil desmontó en julio una trama de subastas de cigala paralelas a las de la lonja del Muro, en A Coruña, y decomisó 45 toneladas de producto en una congeladora a las afueras de la ciudad, ha tenido esta semana una secuela. Una segunda parte que se ha saldado con la inmovilización del triple de mercancía que en la primera Pinza Roja: 153,5 toneladas de crustáceo congelado.

El botín fue intervenido en una empresa dedicada a la distribución de productos del mar con base en el puerto de A Coruña, en un frigorífico con la misma ubicación y a un transportista de Guipúzcoa que pasaba por allí justo en el momento en el que la Guardia Civil realizaba la inspección. En los tres casos el producto fue decomisado por carecer de documentos de trazabilidad y ahora se está en proceso de comprobar si reunía todas las garantías sanitarias.

Las sospechas de que podría no ser así se deben a que en la firma distribuidora, a la que le fueron inmovilizadas 863 cajas de cigala -2.059,05 kilos en total- sin la documentación clara, se encontraron 165 sacos de antioxidante para la conservación de crustáceos, una cantidad, a juicio de la Guardia Civil, muy superior a la que se necesita para la actividad de la empresa. Como quiera que se trata de un producto de uso habitual y legalmente permitido, los miembros del instituto armado tomaron muestras del producto y las enviaron al laboratorio de Saúde Pública de Galicia para verificar si la presencia de sulfitos o conservantes es la adecuada. Si supera los límites permitidos, los hechos podrían ser constitutivos de un delito contra la salud pública.

De Islandia vía Róterdam

El grueso de la intervención se realizó en una empresa frigorífica, a la que los agentes llegaron por la inspección en la distribuidora. Allí están inmovilizados 746 lotes de cigala, con un peso de 153.463 kilos. La mercancía permanecerá retenida mientras no se demuestre la procedencia de cada lote y partida. Precisamente, que se hubiesen presentado los papeles que demostraban origen, trayecto y destino permitió que al día siguiente de las inspecciones quedasen liberadas casi nueve toneladas de cigala congelada que el propietario pudo demostrar que se había capturado en Islandia, importada a través de Róterdam y almacenada en un frigorífico de A Coruña.

Pues lo que se ha hecho con esa partida hay que hacerlo ahora con las otras 153,5 toneladas. Ni que decir tiene que las empresas propietarias de la mercancía se han lanzado de cabeza a una búsqueda frenética de papeles para demostrar la procedencia legal del crustáceo.

Además, las comprobaciones no son nada fáciles. Tienen que hacerse en el interior de cámaras frigoríficas cuyos termostatos marcan una temperatura de -22 grados centígrados, pero, como manifiestan los agentes que han participado, con una sensación térmica de hasta -40 grados.

El valor de la mercancía retenida podría ascender en el mercado a 4,5 millones. La Guardia Civil, que ha remitido las actuaciones al jefe territorial del Área del Mar de A Coruña, ha denunciado al responsable de la empresa por la falta de trazabilidad del marisco, y a un transportista de Guipúzcoa que fue sorprendido descargando tres palés de cigala sin documentación o facturas de compra en las instalaciones de la congeladora.

Fue liberada una partida de casi 9 toneladas que se demostró que procedía de Irlanda

Una medida que los afectados creen desproporcionada porque amenaza la campaña navideña

Las empresas involucradas en esta segunda parte de la operación Pinza Roja consideran que la medida precautoria que ha tomado la Guardia Civil inmovilizando tal cantidad de cigala es «desproporcionada», explicó el gerente de la frigorífica inspeccionada. Exagerada porque lo cierto es que el 100 % del producto, que asegura que es importado y que no procede de aguas gallegas ni españolas, está «etiquetado». Lo que ocurre es que en ese documento que lleva cada caja o palé no figura todo el recorrido del producto, sino que enlaza con facturas, albaranes, guías de transporte, certificados de importación... En definitiva, entre 1.500 y 2.000 papeles que no son fáciles de reunir, porque algunos sí están en la empresa frigorífica, pero otros en poder de las propietarias del marisco -las partidas almacenadas pertenecen a cuatro compañías diferentes-. De ahí esa búsqueda contrarreloj de papeles, pues quieren presentar la documentación mañana mismo para que pasado pueda quedar la mercancía liberada y empezar a comercializarse. Porque de la legalidad de las partidas, pescadas en Islandia, Irlanda y Escocia, están más que convencidos. Ellos y, según algunas fuentes, también la Guardia Civil, que a simple vista concluyó que no se trataba de cigala gallega, cuya captura está vedada.

Según explican los afectados, hay un compromiso de la Administración por darse la mayor diligencia posible, dado que de retrasarse las comprobaciones se podría provocar un daño patrimonial importante, porque se está ya en plena campaña comercial de Navidad.

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La Guardia Civil inmoviliza en A Coruña 153,5 toneladas de cigala congelada