Exmarineros gallegos exigen a España un convenio bilateral con Noruega


redacción / la voz

El Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Irlanda, Suecia, Finlandia, Suiza... A todos esos países ha llevado Long Hope, la agrupación de exmarineros, en su mayoría gallegos, que trabajaron en buques mercantes noruegos sin que ahora cobren pensión, sus protestas para reclamar su derecho a recibir una prestación de Noruega. Acabado el periplo, ayer retomaron las manifestaciones en Galicia. Se concentraron delante de la Delegación del Gobierno, primero, y ante el consulado noruego, después, para reclamar una acción que les garantice ese derecho que, aseguran, les asiste. Una acción que puede ser la de que se presente por parte de España una demanda interestatal ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. O la expuesta recientemente a la directora general de la Secretaria de Estado para la Unión Europea, Aurora Megía, de firmar un convenio bilateral con carácter retroactivo con Oslo que les permitiría cobrar la jubilación, que nunca llegaron a generar porque se les negó la entrada en el sistema de protección social noruego por no tener fijada su residencia en el país nórdico. Esa petición se cursó hace más de un mes y todavía no tienen respuesta. Como tampoco se ha tratado la proposición no de ley que se presentó en el Congreso a instancias de En Marea en defensa de este colectivo.

Intensificar protestas

Mientras esperan, no dejarán sus protestas. En diciembre viajarán a Madrid, y, si no obtienen resultado y nadie mueve ficha, también lo harán en enero. Para febrero tienen fijada la fecha del juicio en Noruega y pretenden hacer ruido para que no se olvide su causa.

Este colectivo discrepa con la respuesta que el Gobierno dio a una pregunta de la senadora de En Marea Vanessa Angustias, indicando que «non se trataba dun problema político, senón xudicial», explicó Alberto Paz, portavoz de Long Hope. «Claro que é un problema político, entre Goberno e Goberno; á xustiza levámolo nós para defendernos», añadió. Es más, Paz asegura que «para España é un problema de Estado máis que político».

La respuesta fue toda una decepción para el colectivo, que les lleva a pensar que «son os mesmos cans, con distintos colares».

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