Firmas gallegas, investigadas en una acción mundial contra la contaminación

Lanzada por Interpol, la operación se saldó con 72 imputados y 55 denuncias en España


redacción / la voz

Varias personas físicas y jurídicas de las provincias de A Coruña, Lugo y Pontevedra figuran en la relación de 72 detenidos o investigados por diferentes delitos vinculados a la contaminación marina, según confirmaron ayer fuentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Es el resultado de la rama española de la denominada operación 30 días en el mar, que ha supuesto también la interposición de 55 denuncias por incumplimiento de la normativa sobre el tratamiento y gestión de los residuos.

La acción, lanzada por Interpol a nivel mundial y coordinada por Europol entre los Estados miembros de la UE, es la primera de ámbito mundial para combatir la contaminación marina y ha implicado a más de 80 países, en los que se han realizado más de 5.200 inspecciones. En España, la Guardia Civil y la Marina Mercante han desplegado en un mes 1.102, en buques, puertos, instalaciones, empresas y lugares próximo al mar susceptibles de ser foco de emisión de vertidos.

De las actuaciones se desprende que las infracciones y atentados contra el medio ambiente marino en España son de tipología muy dispar. Han descubierto vertidos directos por parte de embarcaciones, aguas residuales urbanas que van a parar al mar, impactos de actividades agrícolas, industrias de distinto signo que liberan aguas sin tratar, vertidos en ríos que llegan a las aguas marinas, buques que emplean combustibles con un nivel de azufre superior al permitido, residuos que no se depositan en la planta de tratamiento autorizada... Incluso se han dado casos en los que personas físicas y jurídicas, «valiéndose en muchos casos de una estructura legal para la gestión de los residuos, la utilizan para realizar una mala gestión de los mismos por acción u omisión», explicó la Guardia Civil en un comunicado.

Fuentes del Seprona abundaron en que este tipo de infracción, en la que un gestor autorizado trata solo parte de los residuos que se le entregan y la mayor parte quedan sin procesar, se ha dado en España, aunque no pudieron precisar si alguno de los casos se han dado en Galicia.

En la rama española de la operación, además del Seprona, han participado unidades del Servicio de Fiscal, Marítimo, Aéreo y el Centro de Coordinación de Vigilancia de Costas y Fronteras, que han apoyado en las tareas de identificación de vertidos, de localización de los focos emisores y toma de muestras de la polución observada. Además, la Guardia Civil contó con el apoyo de Frontex y de Marina Mercante.

Cuarto negocio ilegal

Con la operación, Interpol trata de poner coto a los delitos ambientales, que se encuentran entre los de mayor crecimiento a nivel mundial. A un ritmo de entre el 5 y el 7 % anual, según informes de la ONU y de la propia policía internacional, que sitúan este tipo de delitos como el cuarto negocio ilegal más lucrativo, tras el tráfico de drogas, la falsificación de productos y el tráfico de personas y sus ganancias se estiman entre 80.600 y 228.000 millones de euros al año.

«Los delincuentes creen que la polución marina es un crimen de bajo riesgo sin víctimas reales. Esto es un error», dijo el secretario general de Interpol, Jürgen Stock, al hilo de la operación internacional.

Porque, aunque no es consuelo, aberraciones también las hay fuera de Galicia. Como el caso grave que se detectó en Filipinas donde una granja de animales vertía sin depurar a una zona de marisqueo donde además jugaban los niños. O incluso en la sensibilizada Alemania, donde un barco descargó 600 litros de aceite de palma directamente al mar, por no hablar de Ghana, donde se encontraron en el mar garrafas de varios litros llenas de aceite usado.

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