La vieira tóxica de Ferrol se vendía a más de un centenar de negocios y particulares

Uno de los distribuidores no tenía ni registro sanitario y trabajaba con arcones en casa


redacción / la voz

Para llegar a los ocho detenidos -y 44 investigados- de la operación Concha, el Equipo de Respuesta Policial (Erpol) de la Policía Nacional necesitó dos años de investigación, cientos de horas de vigilancia, altas dosis de paciencia y hasta un guiño del azar. El resultado: el desmantelamiento de dos organizaciones criminales que extraían vieira en la ría de Ferrol -en algunos casos con niveles de toxina amnésica (ASP) que cuadriplicaban los límites permitidos-, la entregaban a dos distribuidores de Vilagarcía y Meis y estos la colocaban a más de un centenar de negocios hosteleros y particulares de la ría de Arousa, que engordaban, además, gracias a una red de conseguidores, que obtenían comisión en cada partida. Las pesquisas arrancaron en octubre del 2016, cuando los agentes de la Erpol detectaron un grupo de personas faenando en una zona cerrada a la extracción por toxina, como certificó el Intecmar. Sin embargo, eso no estaba siendo óbice para que esas personas sacaran en torno a unas 2.000 vieiras cada semana y las trasladasen al sur de Galicia.

Pero un día dejaron de verlos y hubo que dar carpetazo a la investigación. Fue ahí cuando intervino el azar. Una casualidad que quiso que, en mitad de otra operación, en Carril, volviesen a ver al cabecilla del grupo José M. R. S. en acción y con información de una colega de la comisaría de Pontevedra pudieron, en marzo del 2017, retomar la operación. Del seguimiento realizado, la Erpol comprobó que este grupo entregaba el material a L. R. P., propietario de un local hostelero en Carril que, no obstante, no despachaba las vieiras en el negocio, sino que o bien las ofrecía allí a particulares o las llevaba a su casa y las redistribuía, bajo encargo, a otros hosteleros y particulares.

El mayor distribuidor

En esas pesquisas, los agentes localizaron a otro intermediario, J. L. L. T., del que la investigación sospecha que era el mayor distribuidor de toda el área arousana. A pesar de no tener empresa y ni siquiera registro sanitario, operaba desde su domicilio de Meis, con arcones, desde los que dispensaba, en fresco y congelado, desde vieiras y percebes hasta quesos y cabritos a centros comerciales, bares, furanchos, restaurantes y particulares. Este, además, no tenía reparos en engañar a sus clientes poniendo la mano en el fuego por la calidad del género que ofrecía, garantizándoles que no tenía toxina e, incluso, recomendándoles la congelación de la pieza entera cuando, según los informes del Intecmar, ese proceso -congelar para después eviscerar- agrava el riesgo para la salud, dado que «los cristalillos de hielo que se forman dentro de los tejidos, aumentan su volumen provocando su ruptura y favoreciendo la contaminación de los músculos y las gónadas», que son las partes de la vieira que se comen.

J. L. L. T. apareció en escena a raíz del intento de enemistar a los proveedores de L. R. P. con otro grupo que le abastecía a él para conseguir mejoras en el precio. Y eso condujo a los agentes a otro grupo, también de cuatro personas, liderado por D. P. M, y varios familiares.

El dilema

Los agentes trataron de desmantelar los grupos a la vez, pero un retraso en una de las entregas obligó a los policías a centrarse solo en uno. Y fue el de Meis. D. P. M. y J. L. L. T. fueron sorprendidos in fraganti cuando iban a entregar una partida de 300 vieiras, que fueron decomisadas. Mientras, la madre del distribuidor y una de las colaboradoras del cabecilla de la red de furtivos fueron detenidas cuando recontaban el resto del material en la vivienda.

La investigación ha podido determinar que los productores ilegales vendían la vieira entre 0,80 y 1 euro, según el tamaño de las piezas, mientras que los distribuidores la dispensaban a sus clientes a 1,50 y 1,80 y se calcula que comercializaban entre 2.000 y 3.000 vieiras por semana.

Los furtivos tendrán que responder por un delito contra la flora y la fauna, pertenencia a agrupación criminal y por tráfico de género corrompido, mientras que a los distribuidores se le ha imputado, además, un delito contra la salud pública, tras comprobar que más del 80 % de las vieiras decomisadas tenía toxina, como certificó el Intecmar, y alguna de las pieza multiplicaba por 4 los 20 microgramos de ácido domoico por gramo de vianda.

«Podían ganar 800 euros con una llamada de teléfono»

e. a.

Ni que decir tiene que en el Equipo de Respuesta Rápida Policial (Erpol) de la Policía Autonómica la satisfacción es mayúscula. Casi dos años después de que comenzasen a tirar del hilo en la operación Concha y tras un ingente trabajo de campo y de oficina, se ha podido cerrar el caso.

-¿Caso cerrado? ¿Se puede decir que se ha desmantelado el furtivismo de vieira en el área ferrolana?

-Nosotros nunca cerramos nada. Hemos desmantelado dos grupos con sus correspondientes distribuidores y eso ha supuesto un buen golpe, pero no podemos descartar nada.

-¿Por qué se demoró tanto la investigación?

-Por la forma de trabajar que tenemos, que queremos amarrar todo y tener pruebas de todo el proceso. No queremos dejar nada a la interpretación, sino tener constatación fehaciente de que realmente se está cometiendo el delito. Y eso requiere muchas horas dedicadas a la investigación.

-¿Han calculado el beneficio económico que han obtenido los detenidos?

-Uno de los distribuidores podía ganar 800 euros cada vez que levantaba el teléfono.

-¿Hay constancia de que se hayan servido vieiras tóxicas en restaurantes?

-No. La investigación no lo ha podido demostrar. Sí que las adquirieron propietarios de locales hosteleros, pero a estos no se les puede achacar nada más que una infracción por haberlas comprado fuera de los cauces legales porque el distribuidor les aseguraba que contaban con todas las garantías legales, que eran de Noia y que, por tanto, no había problema.

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