En plena negociación del «brexit», rechazan las cuotas y el acceso incondicional a sus aguas
12 ago 2018 . Actualizado a las 05:00 h.«The clock is ticking», el tiempo corre, advierte Bruselas de forma ininterrumpida desde el 29 de marzo del 2017. La primera ministra británica, Theresa May, ha ido tachando los meses en el calendario desde que activó el artículo 50 de los Tratados con el que se inició la cuenta atrás para la salida de la UE. Faltan poco más de siete meses para que expire el plazo y el horizonte para el sector pesquero sigue muy nublado. Aunque su peso en la economía del Reino Unido es casi testimonial (0,05 % de su PIB), las comunidades de pescadores tienen gran poder de influencia en las campañas electorales y eso se está notando en el enrrocamiento del negociador británico, Dominic Raab, quien aspira a dinamitar el principio de estabilidad relativa para asignar a su flota más cuotas de pesca, según el decálogo negociador de la premier. Para Galicia hay mucho en juego. Armadores, Administraciones y pescadores llevan meses demandando al negociador europeo, Michel Barnier, firmeza para mantener el status quo, la solución menos dañina.
¿Cuáles son las demandas del Reino Unido?
La prioridad para el Gobierno británico es proteger las exportaciones pesqueras a la UE. Por eso el pidió en julio a los Veintisiete establecer un área de libre comercio para todos los bienes pesqueros, sin aranceles de entrada ni cupos máximos. Su objetivo es mantener el actual volumen de exportaciones a territorio comunitario, 1.350 millones de euros anuales. Para vencer las suspicacias de la UE, Londres sugiere alinearse con sus socios europeos diseñando un libro de normas común para estos bienes. Mismos requisitos y estándares para circular sin restricciones dentro del mercado interior.
¿Qué hay del acceso a sus aguas y el reparto de cuotas?
Eso es harina de otro costal. El comercio por un lado, y las discusiones sobre licencias y cuotas, por otro. May quiere desvincular sendas negociaciones. Aunque el sector tiene un peso testimonial en la economía del país, las comunidades pesqueras tienen un importante peso político en las campañas electorales. Eso se nota en sus propuestas. La premier quiere establecer un mecanismo de negociaciones anuales para el acceso mutuo a las aguas y el reparto de las posibilidades de pesca para los 100 stocks compartidos con los Veintisiete. Eso sí, poniendo fecha de caducidad a la estabilidad relativa, esa clave de reparto de cuotas basada en los históricos de pesca que no convence a nadie. Londres quiere para sus pescadores un mayor cupo de capturas en el futuro. Para lograrlo, sugiere implantar un método «más científico» de reparto que se niega a detallar.
¿Aceptará la UE?
No en esos términos. La UE mantendrá sus líneas rojas: si el Reino Unido quiere barra libre dentro del mercado pesquero de la Unión, deberá abrir sus puertos a la flota comunitaria que a día de hoy faena en sus aguas soberanas. También tendrá que respetar la actual clave de reparto de cuotas por países en las negociaciones pos brexit. Bruselas no quiere oír hablar de reformar el sistema, a pesar de que países como España creen que sería una oportunidad de enmendar injusticias históricas cometidas contra ciertas flotas, como la gallega.
Barnier tampoco se fía de las promesas británicas: respetar los objetivos de Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), prohibir los descartes y fijar planes de recuperación para las especies sobreexplotadas. El libro blanco de May es un brindis al sol en gestión sostenible de los recursos pesqueros. El francés quiere más compromisos vinculantes y menos voluntariedad.
¿Qué se juega Galicia?
Los cálculos preliminares de la Xunta sugieren que la región podría sufrir con un brexit duro (sin acuerdo), con pérdidas de hasta 535 millones de euros. A la expulsión de los 66 buques gallegos que pescan en el Gran Sol (el 70 % de la flota española de ese caladero) habría que sumar la incertidumbre que se cierne sobre otros 84 de capital gallego y pabellón británico, o el futuro laboral de los 1.800 marineros gallegos que faenan en sus aguas (incluidas las Malvinas), según la organización de armadores ARVI. Al menos 44 de los 88 sectores económicos de Galicia se verán afectados, desde la industria de alta tecnología al transporte, el suministro de combustible o los servicios jurídicos. Pero el brexit es como un iceberg. Hasta ahora solo se ha divisado la punta.