La aseguradora Mapfre negará pólizas a buques que estén en listas negras
SOMOS MAR
Así lo anunció ayer la entidad conservacionista Oceana, promotora, junto a la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la campaña Principios para la Sostenibilidad en Seguros (PSI), que cuenta ya con el apoyo de 29 compañías y asociaciones de todo el mundo
24 may 2018 . Actualizado a las 07:53 h.La que es una de las mayores aseguradoras del mundo, Mapfre, que da cobertura a millar y medio de embarcaciones, se ha comprometido a no proporcionar pólizas a buques pesqueros que figuren en alguna lista negra de buques piratas. Así lo anunció ayer la entidad conservacionista Oceana, promotora, junto a la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la campaña Principios para la Sostenibilidad en Seguros (PSI), que cuenta ya con el apoyo de 29 compañías y asociaciones de todo el mundo.
La involucración de Mapfre en la campaña conjunta supone sumar una compañía con 17,6 millones de euros en primas y líder en el mercado de pesqueros y buques de uso industrial en España, además de operar en países como Chile y Perú, señala Oceana en un comunicado. Su director ejecutivo para Europa, Lasse Gustavsson, subrayó el impulso que esta adhesión supone en la lucha contra la pesca ilegal.
La campaña que han puesto en marcha Oceana y la ONU persigue detener la pesca pirata, una práctica que perjudica tanto al medio ambiente como al sector pesquero, en especial al de los países en desarrollo. Las aseguradoras y corredurías que firman la declaración de esa campaña se comprometen a denegar la cobertura a buques que estén incluidos en cualquiera de las listas negras de pesca ilegal, no declarada y no documentada (IUU, por sus siglas en inglés) de las organizaciones regionales de pesca. Al entender de Oceana, la retirada de este apoyo financiero supone «desalentar actividades ilegales, ya que las capturas y los barcos dejarán de estar asegurados».
Se estima que el pescado capturado ilegalmente oscila entre 11 y 26 millones de toneladas anuales y su valor se sitúa entre lo 8.500 y 20.000 millones de euros, además de destruir hábitats y ecosistemas marinos y de perjudicar a los pescadores que cumplen la ley.