Tres depuradoras, acusadas de vender almeja de furtivos a cien restaurantes

El marisco procedía de los arenales de Barbanza y llegaban a locales hosteleros de toda Galicia


Ribeira / la voz

La Policía Autonómica acusa a tres depuradoras -una de ellas ilegal y ubicada en Cabo de Cruz (Boiro), y otras dos regulares, emplazadas en Outes y Ames- de vender almeja de furtivos a más de cien restaurantes. Según el cuerpo policial, que durante seis meses inspeccionó de manera constante los movimientos de las tres instalaciones, el marisco vendido carecía de la trazabilidad que exige la normativa sanitaria vigente. Los establecimientos hosteleros que compraban el producto eran todos gallegos y entre ellos se encuentran varios de alto nivel.

Tal y como afirma la Policía Autonómica, la depuradora clandestina de Cabo de Cruz era el epicentro de la red, ya que se encargaba de recibir el bivalvo por parte de los furtivos. Una vez que el producto se encontraba en la instalación, este se distribuía entre las ubicadas en Ames y Outes. Durante el trabajo de campo realizado por el grupo Erpol (Equipo de Respuesta Policial), los funcionarios comprobaron que a la instalación acudían de forma regular un grupo de unos 18 mariscadores ilegales, ataviados del material necesario para trabajar en las concesiones de la cofradía de Cabo de Cruz.

«Campamento base»

Los agentes aseguran que esta depuradora boirense podría considerarse el «campamento base», ya que sospechan que los propios furtivos podían tener dentro dependencias para asearse y cambiarse. Esas conjeturas se deben a que en las vigilancias realizadas durante varios meses, los funcionarios pudieron observar cómo los mariscadores ilegales acudían al lugar en bicicleta, e incluso en motocultor, vestidos de ropa de calle, y, tras pasar por su interior, salían con otra vestimenta y ataviados con prendas para ir a faenar.

Alguno de los mariscadores ilegales llegó a cobrar 8.000 euros en tres meses El jueves pasado comparecieron ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Ribeira siete de los 18 furtivos identificados en el marco de esa operación, que se denominó Entrerrúas porque la instalación se encuentra en una zona situada entre varias calles y de difícil acceso en Cabo de Cruz. También prestó declaración el propietario de la depuradora clandestina de Boiro, desmantelada el pasado mes de julio. Este confesó en sede judicial que había comprado el material a estos hombres, aunque apuntó que en ningún momento sabía que eran furtivos.

Su versión no encaja con la de la Policía Autonómica, ya que, como se cita anteriormente, afirma que estos entraban continuamente en la instalación con el material necesario para faenar. Preguntado por esto, afirmó que la instalación se encontraba anexa a su vivienda y que no tenía control sobre la misma.

Un amplio operativo

La operación Entrerrúas, que en estos momentos afronta su parte de instrucción judicial, ha sido uno de los operativos más importantes realizados contra el furtivismo, dado que permitió por primera vez cuantificar las ganancias de los ilegales. Los trabajos, que arrancaron a raíz de una denuncia de la cofradía de Cabo de Cruz, sacaron a la luz que algunos de los furtivos llegaron a cobrar 8.000 euros en tres meses trabajando para esta red organizada.

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