La Justicia europea se inclina por anular el pacto de pesca con Marruecos

Apenas unos días después de que el Ejecutivo comunitario pidiese autorización a los Veintiocho para abrir la negociación tendente a suscribir un nuevo protocolo de pesca con Marruecos por los beneficios que ese vínculo tiene para ambas partes, el abogado general del Tribunal de Justicia de la UE Merlchior Wathelet ha llegado a la conclusión de que el vigente, que expira el próximo 14 de julio, «no es válido». Y no lo es, a su juicio, porque se aplica al Sáhara occidental y a las aguas adyacentes, de las que Marruecos dispuso basándose en la integración unilateral de ese territorio en su reino, y sin tener en cuenta la opinión del pueblo saharaui, que no ha dispuesto libremente de sus recursos naturales al no respetarse su derecho a la libre determinación.

El abogado general llega a la conclusión de que la Unión Europea «ha faltado a su obligación de no reconocer la situación ilegal resultante de la vulneración por parte de Marruecos del derecho a la libre determinación del pueblo mencionado» y a la de «no prestar ayuda o asistencia para el mantenimiento de dicha situación», pues firmó el pacto con Rabat obviando el imperativo que le imponen los Tratados de que su acción externa proteja los derechos humanos.

Whatelet abunda en que la condición de Marruecos como «potencia administradora de facto» no basta para justificar la celebración del acuerdo, más que nada porque ese concepto «no existe en derecho internacional» y aunque sea potencia ocupante del Sáhara occidental, «la forma en la que se suscribió el pacto de pesca no es conforme con las normas humanitarias» que se exigen cuando los acuerdos afectan a la explotación de los recursos naturales de los territorios ocupados.

Mayor parte de las capturas

Desde luego lo que el abogado general tiene claro es que el pacto de pesca afecta al Sáhara. Y tanto: recae casi en exclusiva sobre sus aguas, dado que de ellas se extraen el 91,5 % del total de capturas amparadas por el protocolo pesquero. Así es que, según Whatelet, la contrapartida financiera abonada a Marruecos «debería beneficiar casi en exclusiva al pueblo» saharaui y, sin embargo, el texto del pacto «no recoge las garantías jurídicas necesarias para que la explotación pesquera» beneficie a la población del Sáhara occidental.

Aunque el dictamen del abogado general del caso no es vinculante, sí suele ser tenido en cuenta por los jueces del Tribunal de Luxemburgo que, de seguir la argumentación de Wathelet, podría declarar ilegal el acuerdo y los barcos tendrían que abandonar el caladero.

De todos modos, la decisión última compete al alto tribunal del Reino Unido (High Court of Justice), que fue el que consultó a la Justicia de la UE tras la denuncia de la Western Sahara Campaing (WSC), una organización de voluntariado que promueve el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui.

Curiosamente, el mismo abogado general fue el que se pronunció al respecto del acuerdo comercial suscrito entre la UE y Marruecos, dictaminando entonces, en septiembre del 2016, que ese convenio no afectaba al pesquero y, por tanto, la decisión debía posponerse hasta la resolución de esta cuestión judicial.

«Socio clave» para la UE

La Comisión Europea esperará a la decisión del Tribunal de Luxemburgo para pronunciarse sobre el caso y sus consecuencias, según dijo ayer un portavoz a la agencia Efe. No obstante, el Ejecutivo comunitario dejó entrever su contrariedad al poner énfasis en que el país magrebí es un «socio clave».

En el Gobierno español se preparan «para todos los escenarios», incluso para una suspensión, según expuso ayer el secretario general de Pesca, Alberto López Asenjo, que hizo hincapié en que cualquier dictamen sobre este asunto, por más que no sea vinculante, es «sensible». Asenjo convocó una reunión con el sector para analizar la resolución.

Preocupación entre el sector por un asunto que levanta susceptibilidades en Rabat

Por más que pongan por delante que se trata solo de una opinión del abogado general que no es vinculante y que confían en que los jueces no compartan la visión jurídica de Wathelet, en el sector pesquero no ocultan su preocupación por la conclusión de que el acuerdo con Marruecos no es válido. Nadie como los en torno a 120 armadores -unos 15 gallegos- que faenan en aguas marroquíes saben lo susceptible que son las autoridades del país magrebí con la cuestión del Sáhara y han probado en sus carnes cómo se las gasta Rabat en cuanto se pone en tela de juicio su capacidad para firmar un acuerdo pesquero con la UE que incluya las aguas del banco canario-sahariano. No es la primera vez que han tenido que salir del caladero. Marruecos los expulsó de sus aguas en el 2011, cuando la Eurocámara se negó a ratificar el protocolo porque no se atendía a la población saharaui.

Por eso «esperamos que el tribunal no haga caso y considere válido el acuerdo», dijo ayer Javier Garat, que confía en que, independientemente del resultado, se abran las negociaciones para conseguir un nuevo protocolo pesquero. Garat, secretario general de la patronal Cepesca, señaló que la decisión se hace pública en un momento crítico y puede truncar las relaciones con Marruecos, necesarias en muchos ámbitos, no solo el pesquero, como han hecho ver muchas veces desde el reino marroquí.

Garat, como Asenjo, repasó todos los escenarios, que van desde y «todos los escenarios», desde el más optimista de que la sentencia contradiga a Wathelet, hasta el más catastrofista, que sería la interrupción del acuerdo y la expulsión de la flota española.

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