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El juez quiere que un jurado popular examine el caso de los policías portuarios de Vigo que recibían «regalos»

e. v. pita VIGO / LA VOZ

SOMOS MAR

M. MORALEJO

Los ciudadanos deberán decidir si los implicados cometieron un delito de cohecho

05 dic 2017 . Actualizado a las 09:57 h.

El juzgado de instrucción número 4 de Vigo que investiga un supuesto caso de corrupción en los muelles de descarga del puerto vigués del Berbés quiere transformar el procedimiento en un asunto correspondiente al jurado popular. La razón es que hay hasta 4 policías portuarios implicados que tienen la categoría de autoridades o funcionarios públicos y que son investigados como supuestos autores de un delito de cohecho, lo que es equivalente a aceptar sobornos y que la ley ordena juzgar a través de un tribunal popular. Además, hay otros 18 que serán juzgados en una causa independiente por falsedad documental.

El cohecho consiste en que una autoridad o funcionario público recibe o solicita dádivas, favores o retribuciones para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo. También se castiga el hecho de no cumplir con sus obligaciones a cambio de una promesa o recompensa o de retrasar injustificadamente la inspección o trabajo que debiera practicar.

Supuestamente, primero cuatro agentes y luego otros 18 policías hacían la vista gorda en las descargas de pescado para que al menos dos armadores pasasen capturas ilegales con la que generaban dinero en negro y ahorraban impuestos. A cambio de mirar para otro lado, los agentes recibían presuntamente cajas de pescado como regalo, que luego revendían en la lonja de Vigo.

La Fiscalía les atribuye más delitos, pero el de cohecho es el principal y absorberá al resto, como la revelación de secretos, razón por la cual parece claro que el asunto tendrá que dirimirse ante un jurado popular. Siempre, claro está, que el asunto no se archive por el camino.

Además, 18 policías portuarios de Vigo también serán juzgados de forma independiente, si prospera la causa, por un supuesto delito de falsedad documental de las actas de la inspección de la descarga. La Fiscalía sospecha que mermaron los datos reales del pescado desembarcado en los muelles y que hacían la vista gorda con las capturas de talla ilegal o especies prohibidas.

En Vigo solo ha habido otro precedente de jurado popular por el delito de cohecho. Se celebró en el 2010 y los miembros del tribunal declararon culpables a los ex concejales de Urbanismo y Cultura de Gondomar por pedir dinero a promotores a cambio de incluir convenios urbanísticos en el plan general.