La UE endurece su lucha contra la pesca ilegal en los países asiáticos

Vietnam ha sido el último país en ser apercibido por la UE por «no hacer lo suficiente para luchar contra la pesca ilegal». Lo hizo esta semana, tras constatar que el país asiático ha sido incapaz de poner en marcha un sistema sancionador efectivo contra la pesca ilegal no regulada y no documentada (IUU) y que no ha querido atajar esta práctica entre su flota desplazada a aguas vecinas. En el país todavía persiste un «pobre» sistema de control de desembarcos de las capturas que son procesadas en tierra previa exportación el mercado europeo. «No podemos ignorar el impacto que la actividad ilegal de los buques vietnamitas está teniendo», defendió el comisario de Pesca, Karmenu Vella. Pero Vietnam solo es el último en sumarse a la lista de países puestos en cuarentena por Bruselas. Kiribati, Liberia, Sierra Leona, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Taiwán y la todopoderosa Tailandia siguen en la cuerda floja. Con un pie dentro y otro fuera por no arrimar lo suficiente el hombro en la lucha contra un actividad criminal que mueve entre 8.000 y 19.000 millones de euros anuales. Un 15 % de las capturas globales.

¿Tarjeta roja para Tailandia?

Tras cuatro años de idas y venidas, el 21 de abril del 2015 Bruselas sacaba tarjeta amarilla a Tailandia por no tomar medidas suficientes contra la pesca ilegal. Y con esa amonestación sigue desde entonces. La Comisión Europea abrió un diálogo formal con las autoridades del país asiático para poder encaminarlo. Cuando se cumplió el primer plazo de seis meses, Bruselas constató pequeñas mejoras y decidió prolongar sine die las conversaciones. «El diálogo no tiene una fecha límite específica. Lo que es más importante aquí es obtener los resultados necesarios», aseguran.

Tailandia es uno de los mayores productores pesqueros del mundo. Su sector ha ido creciendo en las tres últimas décadas impulsado por actividades como la transformación del atún en conserva. Los principales mercados a los que exporta son Japón, Estados Unidos y la UE. Al conjunto de los 28 destina el 10 % de sus ventas exteriores (7.000 millones de euros). ¿Tienen algo que ver su poderío pesquero y sus lazos comerciales con la UE en la resistencia de Bruselas a sacarle tarjeta roja? Según fuentes de la institución, no. «No se trata de la relación comercial de la UE con Tailandia», sino de establecer un sistema para que las medidas que adopte el país asiático sean «duraderas» y «lo suficientemente sólidas» como para evitar en el futuro casos de pesca ilegal, no regulada y no reportada. «Eso es lo esencial», indican. La UE asegura que las autoridades tailandesas cooperan, por eso adopta un enfoque constructivo, no punitivo como el que se defendió al sacar tarjeta roja a Camboya, Comoros y San Vicente y Granadinas, los tres únicos estados desde los que está prohibido importar productos pesqueros hasta nuevo aviso.

Evaluación de progresos

El Ejecutivo comunitario evaluará los progresos de Tailandia en sendas reuniones los próximos meses de noviembre y diciembre en Bangkok y Bruselas. Serán dos citas cruciales para dar luz verde al país o incluirlo en la lista negra.

¿Seguirán faenando los piratas gallegos?

Los que se preparan para asaltar los mares son los dos barcos piratas vinculados al grupo ribeirense Vidal Armadores, el Atlantic Wind (antiguo Yongding) y Pescacisne 2 (antes Songhua). Los buques han sido rebautizados, repintados y han cambiado de bandera para lanzarse a la pesca, según denunciaron organizaciones medioambientales. La Justicia española echó por tierra parte de las operaciones lanzadas por España (Sparrow y Sparrow 2) contra un conglomerado de empresas dedicadas a la pesca IUU. Las operaciones se habían saldado con la imposición de multas de hasta 17,8 millones a los responsables de los barcos Kunlun, Songhua, Yongding y Tiantai. Bruselas declina valorar la decisión judicial, pero asegura que, además de prohibir la entrada de estos barcos en aguas de la UE, también trabajan «en estrecha cooperación con las autoridades y organizaciones relevantes para garantizar que los barcos, que están detenidos, no retoman sus actividades».

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