Estamos a las puertas de un nuevo Consejo de Ministros de Pesca en Bruselas para decidir las cuotas que nuestros pescadores podrán capturar en el año 2018. Y de nuevo todos los pescadores pasarán una noche de infarto para ver si nuestros representantes políticos son capaces de doblarle el brazo a la burocrática e insensible Comisión de Pesca, que amparada en unos más que discutibles informes científicos intentará hacernos creer que hace gestión pesquera, cuando lo que hacen es pura política de destrucción de flotas, especialmente en lo relativo a la flota española, a la que ya han reducido a apenas 9.000 buques con el beneplácito de unos y otros.
El caso de la cigala del Cantábrico es paradigmático. Los buenos pescadores se afanan por acreditar, con lo que ven todos los días en sus redes, que tenemos cigala en el Cantábrico muy por encima de lo que estiman los científicos del ICES, y que tirar un producto que se puede cotizar hasta 40 euros el kilo y que se encuentra en buenas condiciones biológicas es un despropósito. El feo del ICES dice que a pesar de que no hay ninguna campaña científica específica desde el 2007 este recurso debe ser cerrado durante tres años pase lo que pase. Y los malos de la Comisión de Pesca se agarran a esta errada e incierta recomendación del ICES para dejar a los pescadores sin este preciado recurso.
Desde luego si el 1 de enero del 2018 la pesquería de la cigala del Cantábrico no está de nuevo abierta, esta película de vaqueros debería pasar a los anales de la gestión pesquera y de la política pesquera como una verdadera obra maestra, a la altura del recorte del lirio en el Cantábrico en el 2011 u otros desmanes que, desde Bruselas, con la justificación de sacrosantos informes científicos, llenos estos en muchas ocasiones de imprecisiones y errores de bulto, gustan de ejecutar en el sentido amplio de esta palabra.
Un recurso como la cigala que tiene unos rendimientos en los últimos tres años, de acuerdo con los datos aportados por el sector en colaboración con el IEO, muy superiores a los que estima el ICES no tiene que seguir siendo tirado a la mar como desgraciadamente ha acontecido este 2017.
Los buenos ya hemos hecho todo lo posible. Lo que harán el feo y el malo lo sabremos en breve. Pero que no se olvide la Administración española de que en sus manos está también que el malo no se salga con la suya, una vez más.