Ratifican la pena al expresidente de la Cooperativa de Marín por vender en B
SOMOS MAR
La sentencia, no obstante, exonera del fraude tributario a la sociedad marinense
02 ago 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Más de un año después de que un juzgado pontevedrés hubiese condenado al expresidente de la Cooperativa del Mar San Miguel de Marín, Luis Santiago Pereira, por las ventas en B de pescado en el puerto del Berbés, la Audiencia Provincial ha ratificado el fallo en su práctica totalidad. De hecho, lo único que se anula es la sanción de 745.239 euros que, en su momento, se impuso a la propia cooperativa por un fraude tributario relativo al IVA, condena y delito que ahora se revocan al concluirse que «ninguna prueba se ha practicado en sede de juicio oral tendente a acreditar la responsabilidad penal de la misma».
La nueva resolución podría conllevar el ingreso en prisión de Luis Santiago, toda vez que se le imponen tres años de cárcel y frente a la sentencia de la Audiencia «no cabe recurso ordinario alguno». De este modo, se considera que, a lo largo de los ejercicios del 2008, 2009 y 2010, Luis Santiago fue autor de un delito contra la Hacienda Pública en relación con el IVA, de tal modo que se le impone un año de cárcel por ejercicio, la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante un total de nueve años y el pago de tres multas que suman algo más de un millón de euros. Santiago manifestó su intención de «seguir loitando» y presentará un recurso extraordinario.
La Audiencia confirma que las declaraciones de liquidación del IVA de aquellos años «no reflejan las operaciones económicas reales». Mientras que, por un lado, se comprobaron «operaciones de compra y venta de pescado que se reflejaban fielmente en la contabilidad y que sirven de base a las declaraciones tributarias», por otro se detectaron «operaciones que no se reflejaban en la contabilidad -en B- y por las que no se tributó». Entre el 2008 y el 2010, estas ventas ascendieron a 14,6 millones, según los tribunales.
Doble liquidación
Sobre esta cuestión ahonda la Audiencia al sostener que, durante ese período, la cooperativa «llevó a cabo una doble liquidación de las compras a proveedores y de las ventas a terceros de esa mercancía. Una, la oficial en la que generalmente aparece el IVA repercutido y, otra, la oculta a la Hacienda Pública, en la que nunca figura el IVA». Esta teoría, defendida por los técnicos tributarios, viene avalada, además, por el hecho de que, «habiéndose incoado expedientes a numerosos armadores a raíz de esta actividad inspectora, la nada desdeñable cifra de 147 de ellos firmaron actas de conformidad con la Agencia Tributaria». Estos empresarios reconocieron que «realizaron ventas a la Cooperativa del Mar San Miguel no contabilizadas ni declaradas a efectos fiscales».
Por otro lado, a la hora de calcular la cuota tributaria defraudada, las magistradas apelan a la «lógica aplastante» para remarcar que, «si nos hallamos ante operaciones de compraventa que no se declararon en origen, esto es, no habían sido declaradas inicialmente por los armadores, mal puede pretenderse que se descuente un IVA que no ha sido repercutido por los armadores y, por ende, tampoco soportado por la cooperativa».
La sociedad sigue siendo considerada responsable civil subsidiaria
Si bien la Cooperativa del Mar San Miguel de Marín se libró del reproche penal, lo cierto es que sigue estando presente en el proceso judicial. No en vano se mantiene su condición de responsable civil subsidiario a la hora de indemnizar al Estado con las cantidades que se considera que han sido defraudadas y que, por tanto, dejó de percibir. De este modo, y según ratifica la Audiencia, en el 2008 se realizaron ventas en B por importe de 5.139.291 euros, lo que determinó que el fraude ascendiese hasta los 359.750 euros. Un año después, las ventas descendieron hasta los 4.592.575 euros y consecuentemente la cuota defraudada cayó hasta los 321.480 euros, mientras que en el 2010 las transacciones rondaron los cinco millones y el fraude alcanzó los 372.619 euros.