La ruptura del pacto con Bisáu dejaría fuera a una docena de barcos gallegos

Fracasa la cuarta ronda de negociaciones por las elevadas exigencias del país africano


redacción / la voz

A la cuarta, de nuevo fiasco. Tras tres días de contactos en Bruselas, los negociadores de la Unión Europea y el Gobierno de Guinea Bisáu cerraron la ronda de negociaciones otra vez sin acuerdo para definir un pacto pesquero que prolongue una relación pesquera que, con un paréntesis de dos años a raíz de un golpe de Estado, se remonta al 2007. Ambas partes manifestaron la intención de sentarse en una quinta ronda de conversaciones, a la que, sin embargo, no pusieron fecha.

De no alcanzarse un pacto a tiempo, el próximo 23 de noviembre, fecha en la que expira el protocolo ahora vigente, las embarcaciones europeas tendrían que abandonar el caladero guineano, actualmente explotado por 14 barcos arrastreros congeladores -algunos reconvertidos de su pasado cefalopodero-, de los que una docena son gallegos. También están autorizadas a pescar allí una veintena de embarcaciones marisqueras españolas y, de forma estacional, usan las licencias varios buques atuneros -9 cañeros- y palangreros.

Ni que decir tiene que la patronal europea de la pesca, Europêche, lamentó el fracaso de las conversaciones, al tiempo que confía en que puedan reanudarse por un camino que lleve a un acuerdo «realista y beneficioso para ambas partes». Por ahora, las aspiraciones de Guinea Bisáu llevaban un rumbo muy alejado de ese objetivo, sobre todo, por la compensación monetaria que reclama. «La desproporción de las condiciones económicas y técnicas propuestas por el país africano han complicado las negociaciones para la renovación del acuerdo de pesca entre la UE y Guinea Bisáu», apunta la patronal española.

Ambiciones económicas

En el marco del actual protocolo, las arcas comunitarias desembolsaban 9,2 millones de euros al año -tres reservados para apoyar al sector pesquero local- para que en torno a 50 buques europeos pudiesen capturar allí cefalópodos, atún, especies pelágicas como el jurel, así como gambas y otras variedades demersales. Además de subir la factura a la UE, Bisáu pretende cambiar el pago de licencias a los armadores, que en lugar de pagar por tonelada de barco (TRB) pasaría a hacerlo por cantidad de pescado capturado. También quiere introducir medidas técnicas sobre el control de la pesca que no admiten los armadores comunitarios.

Estos confiesan que el pacto es necesario, en especial para los arrastreros congeladores, que no anda sobrados de caladeros. Pero aún así, es «preferible un ‘no acuerdo’ a un mal acuerdo», con letra que quede escrita para siempre, aseguró Francisco Freire, presidente de la Asociación Nacional de Buques Cefalopoderos (Anacef).

Javier Garat, presidente de Europêche, incidió en que las empresas quieren seguir en Bisáu, trabajando en el marco de «un acuerdo con unas condiciones de transparencia únicas en el mundo», aunque admite que las condiciones del Gobierno guineano «están lejos de ser realistas y son inviables, de modo que la flota europea no puede aceptarlas».

De no reconducirse las cosas, doce barcos gallegos tendrían que salir del caladero en noviembre. Claro que Europêche también hace ver que la expulsión de la flota comunitaria tendría consecuencias en el empleo en Guinea, pues enrola a más de 150 guineanos y proporciona más de 500 puestos de trabajo indirectos. Eso dejando al margen cuestiones como la gestión de las pesquerías o la investigación científica.

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