Noruega dejó sin cotizar a los gallegos para tener una flota más competitiva

Long Hope aporta en el juicio documentos que cifran el ahorro en 15 millones de euros

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redacción / la voz

Poca confianza tienen en un fallo judicial positivo que ponga fin a años de reclamaciones para ver reconocido el derecho a recibir una pensión de Noruega, pero al menos han podido decir «o que tiñamos que decir» y, sobre todo, presentar pruebas irrefutables de que con los marineros españoles -en torno a unos 10.000 gallegos- Noruega cometió una «discriminación», explicó ayer el portavoz de Long Hope, Alberto Paz Viñas, tras la segunda y última sesión del juicio que se celebró en Oslo. Y lo mejor, que queda todo «moi ben canalizado» para ese final de etapa que es Estrasburgo y su Tribunal de Derechos Humanos, explicó Xosé Manuel Carril, profesor de Dereito Laboral de la Universidade da Coruña, que acompañó a la delegación de exmarineros gallegos con motivo del juicio contra Noruega para reclamar su derecho a cobrar la jubilación.

Después de que el primer día de la vista la abogada del Estado noruego pusiese en duda que los profesionales extranjeros pagasen impuestos allí, Long Hope dio al traste con su estrategia al presentar el convenio firmado entre Noruega y España para evitar la doble imposición, un pacto que determina que los nacionales españoles debían pagar impuestos a las arcas noruegas y no a las españolas, una prueba que fue admitida por el juez. Ante tal evidencia, la defensa de Noruega no tuvo más remedio que admitir que sí satisfacían impuestos, pero dejó caer que pagaban menos. Y es cierto que su contribución era más baja con respecto a los trabajadores en tierra, pero idéntica a la que hacían los ciudadanos noruegos embarcados. Ahí sí que no había diferenciación.

Documentación oficial

El abogado de Long Hope fue contundente en su alegato y se remitió a la documentación oficial que el colectivo recogió de los archivos de Noruega que refleja la razón por la que se excluyó a los españoles del sistema de protección social allá por los años 50. Fueron motivos puramente económicos, puesto que lo único que se buscaba, «e así está recollido nos textos», era no encarecer los costes a los armadores y, de esta manera, hacer que la flota mercante noruega fuese más competitiva con respecto a la de otros países. «Es, por tanto, una discriminación clara, una diferencia de trato por motivos económicos», señala Carril, que recuerda que esos mismos documentos recogen que los navieros llegaron a ahorrarse 140 millones de coronas noruegas de la época (hoy serían 15 millones de euros) por dejar a los españoles fuera del sistema de protección social.

El profesor de Dereito Laboral explica que en el borrador de la ley figuraba que los marineros extranjeros podrían cotizar a la Seguridad Social noruega, pero en algún punto de la tramitación parlamentaria fueron excluidos.

El juicio quedó visto para sentencia, que el magistrado dictará dos o tres semanas después de Pascua, según avanzó en la sesión. En Long Hope no quieren infundirse falsas esperanzas y dan por hecho un fallo negativo. El primero de otros tres que esperan. Sobre todo porque el juez se interesó por las posibles repercusiones para Noruega si se reconoce el derecho del colectivo a pensión. La letrada noruega, que no cejó de negar la discriminación, insistió en que, de haberla, estaría justificada para proteger a sus nacionales, y metió el dedo en la llaga al insinuar que no hizo lo mismo España con los suyos, dado que no buscó un sistema alternativo para que pudiesen disfrutar de pensión.

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