El Gobierno revisará «caso por caso» el error en coeficientes reductores de la edad de jubilación de los marineros gallegos

La CIG espera que en tres meses se solucione un problema que obligó a muchos a regresar al trabajo porque no tenían derecho a jubilarse

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Santiago de Compostela

La CIG de Pontevedra reveló este viernes que el Gobierno central ha reconocido la existencia de errores en la modificación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación de marineros de la flota congeladora y que se comprometió a revisar «caso por caso».

El problema todavía no está resuelto, según ha advertido el secretario comarcal de la Federación Galega de Alimentación, Mar y Transporte de CIG en Pontevedra, Xabier Aboi, quien señaló que todavía hay que esperar a que entre en vigor la nueva normativa comunitaria para solucionar la situación del palangre.

Aboi espera que en un plazo máximo de tres meses se solucione un problema que obligó a muchos marineros a regresar al trabajo porque con el cambio de norma no tenían derecho a jubilarse.

«Pero como no nos fiamos de la Administración del Estado vamos a estar muy vigilantes y convocaremos asambleas para informar del estado del proceso», según ha manifestado Xabier Aboi.

Noventa barcos gallegos

Las tripulaciones de unos 90 barcos gallegos se han visto afectadas porque no se les aplica el coeficiente reductor máximo (0,40), ya que estas embarcaciones no son reconocidas como congeladoras, aunque así figuran en la documentación oficial del propio Ministerio con competencias en Pesca.

Por parte de esta central sindical, han trasladado esta información a las distintas Capitanías Marítimas y recientemente la CIG ha sido informada de que estos organismos recibieron instrucciones de Madrid para «estudiar caso por caso» con el objetivo de emitir un informe para determinar «si son congeladores o no».

Este sindicato ya se puso en contacto con las distintas patronales para que faciliten todos los datos necesarios para demostrar que sí lo son y poder, de este modo, beneficiarse de un derecho adquirido hace muchos años. «Y que ahora pretenden recortar por una decisión política», según ha lamentado Aboi, aunque el Ministerio de Fomento lo achacó a un error en el código de las embarcaciones.

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