El Gobierno suaviza su postura sobre la reforma tras asumir que carece de apoyos en el Congreso
16 feb 2017 . Actualizado a las 09:36 h.A Fomento se le ha aflojado el brazo en el pulso que mantenía con la estiba a cuenta de la liberalización de ese servicio portuario, que reclama la Justicia europea. Toda la vehemencia del martes, cuando el ministro Íñigo de la Serna salió de la reunión con los sindicatos dando un portazo, cerrado en banda a más encuentros y decidido a abrir la estiba a la competencia a golpe de decreto, se esfumó este miércoles, apenas unas horas después de fijar unos servicios mínimos que llegaban al 100 % en el caso de mercancías peligrosas y esenciales. Y que, por supuesto, los sindicatos iban a recurrir.
Fomento sorprendió ayer con la oferta de retrasar una semana la aprobación del decreto ley sobre la reforma de la estiba si el colectivo desconvocaba la huelga anunciada para los días 20, 22 y 24. «El real decreto ley no se sometería a su aprobación por parte del Consejo de Ministros este viernes y se retrasaría a la reunión del 24 de febrero, pero para ello los sindicatos y la patronal se deben sentar a negociar», expuso el ministerio en un comunicado.
La patronal de la estiba, Anesco, recogió casi de inmediato el guante. Los sindicatos tardaron algo más, pero también aceptaron el ofrecimiento de De la Serna. «Los sindicatos no ejercerán su derecho de huelga», anunciaron en un comunicado. A fin de cuentas, «no fuimos nosotros los que nos levantamos de la mesa, fue el ministro el que [el martes] se levantó y se marchó», explica Ernesto Gómez, de CC. OO. «El Gobierno y la patronal saben que lo único que puede detonar la huelga es la aprobación del decreto», añadió. Por eso no les importa «que el ministro quiera salvar así la cara».
Como ya habían dicho antes también desde La Coordinadora, UGT y CIG, están totalmente abiertos al diálogo para dar con una solución negociada que no acabe en un expediente de extinción de empleo, como en la práctica se traduce la propuesta de Fomento, sostienen. Porque el decretazo de De la Serna prevé extinguir en tres años las Sagep (sociedades de estiba), subrogando en ese período al 75, 50 y al 25 % de los trabajadores.
La apertura que exige el Tribunal de Luxemburgo a España no es diferente a la que antes se exigió a otros países, como Bélgica o Francia. Y en todos ellos se resolvió sin tanto conflicto, «chegando a acordos cos estibadores para seguir a mesma xente», explica Carlos Tubío, responsable de Mar de UGT en Galicia.
Falta de apoyos
A nadie se le escapa que si los sindicatos consiguieron llevarle el pulso al Gobierno es porque comprobó que todo el músculo que exhibía no tenía sustento en el Congreso. Bruselas, para retirar la petición de ejecución de la sentencia -y eludir así la multa de 134.000 euros diarios- exige que el decreto sea validado por la Cámara baja antes de un mes. Y, por lo tanteado, no parece que el PP, que está en minoría, vaya a tener los apoyos necesarios para salir victorioso con su decretazo.
PSA Vigo activaría un plan alternativo para garantizar la actividad de la planta
Transportistas, cárnicas, químicas... Muchos sectores respiran aliviados, aunque algunos ya habían buscado alternativas. Es el caso de la planta de PSA en Vigo. Depende del transporte marítimo tanto para dar salida a su producción (el 80 % de los coches que fábrica), como para recibir componentes de sus proveedores, de ahí que la dirección de la fábrica haya puesto a trabajar a sus equipos de logística en busca de «medios alternativos» en caso de que fuese adelante la convocatoria de paros de los estibadores. «Estamos preparados y ya se han buscado medios alternativos que, en caso de crisis, permitirán asegurar y garantizar la actividad de la fábrica en función de lo que pueda surgir», afirmó ayer el director del Polo Industrial Ibérico y de la planta de Vigo, Frédéric Puech.