La estiba mantiene en pie la huelga al naufragar la negociación con Fomento

El Gobierno aprobará el viernes el decreto para evitar la multa de 134.000 euros

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redacción / la voz

La huelga de la estiba sigue en pie. La reunión que ayer mantuvieron Gobierno, patronal y sindicatos sobre el modelo que ha de tener la estiba para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que ordena su liberalización se cerró ayer sin acuerdo. Y lo peor, con posturas muy distanciadas. Casi podría decirse que irreconciliables. Lo que pretenden los representantes sindicales es la creación de un registro de estibadores «que garantice profesionalidad, formación y seguridad», en palabras de Antolín Goya, secretario general de La Coordinadora. Pero esa es una de las líneas rojas que ha puesto el Gobierno a la negociación por imperativo de Europa, dado que la Dirección General de Movilidad y Transporte de la Comisión «ha rechazado todas las propuestas en la que se invocaba la posibilidad de crear un registro o contingentar la entrada de trabajadores», explicó el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar.

Claro que los estibadores no están dispuestos a renunciar a ese registro y aceptar un «despido encubierto» solo «porque a un técnico no le gusta». Ellos manejan informes jurídicos que sostienen que el registro es posible, «igual que lo hay de médicos y de ingenieros», que no contradice los términos de la sentencia, y que se adapta al convenio 137 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) sobre puertos, con lo que retan a la Comisión a que justifique su rechazo con argumentos técnicos y jurídicos, «no por mera cuestión de gustos», dijo Goya.

Excesiva premura

No obstante, los sindicatos siguen abiertos a negociar, porque «la mejor solución es el consenso». Eso sí, el margen es escaso, puesto que Fomento pretende aprobar el real decreto ley en el próximo Consejo de Ministros. Esto es, el viernes que viene. Los sindicatos tienen de plazo hasta el lunes para presentar sugerencias y aportaciones y el martes habrá una nueva reunión de las partes.

Los representantes sindicales, que reprochan la premura, quieren que en esta negociación esté presente la Comisión, dado que no tiene sentido que una institución que tendrá que decir si acepta o no el acuerdo no forme parte del proceso. Gómez-Pomar descartó esa posibilidad y justificó la urgencia en que solo si se aprueba ese decreto y lo valida el Congreso la Comisión desistirá de la demanda que amenaza con imponer a España una sanción de 134.000 euros diarios por no acatar la sentencia (ahora se está pagando 27.000 euros al día por lo mismo). La tormenta, por tanto, podría estar a punto de estallar. La patronal sugiere que los estibadores ya están en huelga y que ha caído un 70 % la actividad. Los sindicatos lo niegan, aunque admiten que «no trabajas lo mismo sin preocupaciones que con la amenaza del despido planeando». «Hay un malestar importante», dice el líder de La Coordinadora.

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