España trata de frenar el tijeretazo que acecha a especies de aguas profundas
SOMOS MAR
Los recortes planteados para el besugo y la maruca perjudicarían a la flota gallega
14 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.«Gran abundancia» es lo que la flota gallega se encuentra al salir a faenar. Según los pescadores, los stock de merluza, gallo, cigala o caballa gozan de buena salud, por eso no entienden los agudos recortes que Bruselas propone para las posibilidades de pesca de algunas de esas poblaciones en el 2017. Los ojos del sector ya están puestos en las negociaciones de cuotas del Atlántico del mes de diciembre, pero en la antesala de esa esperada cita aguardan las especies de aguas profundas. Aunque sus capturas solo representan el 1 % del total, la flota española mantiene interés comercial en stocks como el del besugo, la maruca, la brótola y el alfonsino. Los 28 ministros de Pesca de la UE fijarán mañana sus totales admisibles de captura (TAC). Las sensaciones no son buenas. España, Francia, Portugal y Reino Unido temen un resultado «muy restrictivo» en vista del empecinamiento de Bruselas por alcanzar el rendimiento máximo sostenible (RMS) en el 2017. La Comisión Europea propone pasar la tijera a todos los stocks de besugo del Cantábrico y del norte (12 %-20 %). Lo mismo ocurre con la brótola cantábrica y de Portugal (20 %) y en menor medida los alfonsinos (5 % y 0 %). «Pediremos que se flexibilice lo máximo posible la propuesta atendiendo a criterios socioeconómicos», asegura una fuente diplomática española.
Es la misma estrategia que están siguiendo otras potencias pesqueras de la UE. La flota teme que el principio de precaución y la urgencia por alcanzar el RMS lleve a la Comisión a apretar demasiado las tuercas y acabe asfixiando al sector, ahogado en el caso español por la escasez de cuota y la prohibición de los descartes. Ya ocurrió con las negociaciones de cupos para el mar Báltico y hoy se repetirá con los del mar del Norte, donde España no tiene cuotas, pero sí un gran interés en que no se pase la tijera. Nadie quiere un contagio de los recortes en el Atlántico. De ahí que la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, invoque la obligación de las instituciones europeas de velar por el futuro de la actividad pesquera, la conservación del empleo y la economía de las zonas costeras.
La tarea no será fácil. Además de presentar informes que avalen los perjuicios que está provocando la ultraortodoxia comunitaria en el sector, los ministros deberán lidiar con otros socios europeos y el comisario de Pesca, Karmenu Vella, que defiende la propuesta restrictiva de la Comisión. «Para que proliferen los stocks y la industria se recupere son necesarios recortes moderados para el 2017 y el 2018», dice el maltés.
Especies accesorias
En el marco de la reunión también se debatirá el problema que tiene la flota comunitaria con las denominadas «especies de estrangulamiento», aquellas para las que los buques no disponen de cuota, pero acaban atrapadas en las redes o nasas junto a las especies de interés comercial, obligando a las embarcaciones limitar sus posibilidades de pesca una vez que sobrepasan el techo de capturas accidentales en sus pesquerías principales.
Suspensión de los fondos de pesca para los países incumplidores
Las ayudas europeas a la flota movilizadas a través del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) también pasarán bajo la lupa de los ministros. Según fuentes de Bruselas hay varios países de la UE que no han cumplido con las condiciones que exigen los reglamentos para poder desembolsar esos fondos. «La situación puede llevar a la suspensión de las ayudas», admite una fuente diplomática española antes de reconocer que España tiene «algún problema» con una de las cuatro exigencias que la UE pone sobre la mesa. A pesar de ello, el Gobierno considera que los fondos no corren riesgo alguno.
La normativa recoge la obligación que tienen todos los países de presentar sus respectivos programas operativos para la ejecución de las ayudas europeas y demostrar que cuentan con un informe de capacidad de la flota, un plan plurianual estratégico de acuicultura, capacidad administrativa para la recolección de datos básicos (campo en el que el Gobierno español está teniendo problemas) y destreza suficiente para controlar las pesquerías del Estado miembro. «La Comisión instará a los países interesados a emprender las acciones necesarias para garantizar la conclusión de sus planes dentro de los plazos legales», advierte Bruselas. De no hacerlo, podría solicitar la congelación de las ayudas, vitales para un sector en plena reconversión y adaptación a la nueva política común de pesca (PCP).