La pesca gallega confía en la seguridad jurídica para blindarse contra el «brexit»

El sector se muestra dividido sobre las futuras relaciones de la UE con el Reino Unido


Redacción / La Voz

Ante todo, mucha calma. El Reino Unido no se va a marchar mañana de la Unión Europea llevándose sus aguas. Primero, porque Londres no se ha atrevido todavía a invocar el artículo 50, ese que marcaría el principio de la despedida, mientras asiste a un baile de espantadas de aquellos que capitanearon la singladura del brexit. Y segundo, porque después de hacerlo, se abrirá un período de dos años para arbitrar un proceso de salida pactado y ordenado, una negociación en la que la situación jurídica actual se mantendrá, pues seguirán acatando la legislación y el acervo comunitario», apunta Beatriz Huarte, abogada experta en Derecho Marítimo y Pesquero. Así que durante esos 24 meses o más, la seguridad jurídica de las inversiones y las empresas «está garantizada», sostiene. Incluso en la pesca. Y después también, señala Suso Lourido, responsable de flota de Puerto de Celeiro, porque «o Reino Unido non é unha república bananera», hace ver.

Nadie se atreve a aventurar ahora qué puede ocurrir, porque todo dependerá de esa negociación que fijará, también para la pesca, «el nuevo marco de relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido» y, como daño colateral, «con los EE. UU.», apostilla Huarte.

Dependencia de la pesca

La pesca gallega asiste expectante al proceso aún nonato, pero dividida sobre las consecuencias que ese desmarque puede tener. Lo primero que ha pasado por la cabeza de los armadores con inversiones en suelo propio es la estabilidad relativa. Esa clave de reparto de posibilidades de captura pactada antes de la entrada de España en la UE y que Galicia lleva desde el principio de su andadura comunitaria intentando tumbar con ese ADN que tiene de zona altamente dependiente de la pesca, pero del que no es capaz de exhibir carné porque esa evidencia socioeconómica no está recogida en ningún tratado europeo ni en texto comunitario alguno.

En una lectura simplista, que se vaya el Reino Unido, uno de los socios que más cuotas de pesca se lleva en virtud de la estabilidad relativa, redundaría en beneficio de Galicia, por la simple lógica de que, al ser menos a repartir, tocaría a más. Esa interpretación la hizo el mismo Gobierno gallego con todas las cautelas que impone la incertidumbre de que se va a recorrer un camino ignoto -pues ningún Estado ha abandonado antes la UE-, expresó por boca de su conselleira de Mar, Rosa Quintana. No obstante, el Ejecutivo gallego ha encargado un análisis para cerciorarse antes de lanzar las campanas al vuelo.

Altura política

Beatriz Huarte también entra en esa lógica de que se tendrá que modificar la estabilidad relativa. Pero ya no es tan optimista en cuanto al resultado. Cierto que Galicia tiene «pruebas de sobra para demostrar que es altamente dependiente de la pesca, pero entra en juego la capacidad política de hacer valer esos derechos y que se implemente de manera correcta el catálogo de zonas altamente dependientes de la pesca. Y ahí, los antecedentes no son muy halagüeños.

No es solo la pericia política lo que tuerce los renglones de una primera lectura simple. El reparto intracomunitario siempre está a expensas de otro de rango superior. Tras el brexit, las aguas británicas dejarán de ser comunitarias, pero no europeas. Esto es, seguirían las reglas de juego de la NEAFC (Comisión de Pesquerías del Atlántico Nororiental) y entrarían a repartir con Noruega, Islandia, Groenlandia, islas Feroe... No debería perderse de vista que estas últimas e Islandia ningunearon casi en la más absoluta impunidad a las demás partes contratantes y se autoasignaron el cupo de xarda que creían necesaria para su flota. La UE solo amagó con cerrarles el mercado, sin articular sanción alguna. Un precedente nefasto.

Lourido señala, sin embargo, que el Reino Unido no se va a lanzará a pescar «donde queiran e o que queiran». Es más, sostiene que «non se esperan cambios radicais» y que el acuerdo con el que se llegue no será perjudicial para la flota española. Aparte de que la pesca no será, ni por asomo, un capítulo primordial a la hora de fijar los términos del divorcio.

Inversiones

Otra incógnita es la que atañe a los barcos gallegos que pescan con bandera británica en aguas ahora comunitarias que, cuando se consume el brexit pasarían a ser británicas y, en teoría, estarían vedadas a la flota comunitaria. «Desconozco qué puede pasar, pero se supone que cuando el Reino Unido abandone la Unión Europea será como cualquier otro país que firmará un acuerdo con la UE, al modo que lo ha hecho Noruega u otros Estados costeros, de intercambiar acceso al recurso por acceso al mercado», reflexiona Juan Martín, gerente de la Asociación de Armadores de Marín. Subraya, no obstante, que quedan muchos interrogantes abiertos cuyas respuestas dejan en manos de asesores jurídicos.

Porque si la incertidumbre es general, esta se combina con inquietud y preocupación cuando se aborda el hipotético futuro de la flota de capital gallego abanderada en las islas británicas. Y de esos en Marín tienen media docena. Pero hay más en Vigo, A Coruña, Ribeira y Celeiro. Hasta 40 en toda España. Armadores que, de tener inversiones en un país comunitario, pasarán a tenerlas en un tercer país. «Empresas que tienen derechos de pesca asignados en aguas británicas, pero en régimen comunitario y habrá que ver eso cómo se encaja», subraya Martín.

Reflexión sobre la conveniencia de que un escocés presida el Consejo de Aguas Occidentales

No es que le hayan invitado a irse, pero los integrantes del Consejo Consultivo Regional (RAC) de Aguas Occidentales -que asesora a la Comisión Europea sobre cuestiones pesquera en áreas como Gran Sol- hicieron ver la paradoja que supone que el presidente de este órgano sea un escocés, Bertie Armstrong, y sobre todo, de que lo siga siendo cuando llega el momento de debatir cuestiones como el reglamento de medidas técnicas, la implementación de la prohibición de descartes, la negociación de las cuotas de pesca y otros asuntos de política comunitaria que los británicos no tendrán que cumplir.

Así que, en medio de «unha reflexión calmada», se decidió esperar hasta septiembre, mes para el que está convocada la asamblea general, para sustituirlo al frente del RAC.

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