La Justicia admite el recurso del arrastre contra el plan del Cantábrico

Trata de evitar que se dé cobertura fraudulenta a las transmisiones de cuota ya hechas


redacción / la voz

Aún no se ha pronunciado el Tribunal Supremo sobre el fallo de la Audiencia Nacional que anulaba la orden ministerial del 2103 que establecía el plan de gestión para los buques de los censos del Caladero Nacional del Cantábrico y Noroeste, cuando esa misma instancia judicial tendrá que manifestarse de nuevo sobre el texto que el Ministerio de Agricultura publicó en noviembre pasado para sustituir a aquel impugnado y cubrirse así las espaldas por si el Supremo decidía rematar definitivamente el primer documento. Y es que la sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional acaba de admitir a trámite la demanda presentada por los arrastreros gallegos contra el nuevo plan de gestión del Cantábrico, también recurrido por los armadores de buques cerqueros adscritos a Acerga (Asociación de Armadores de Cerco de Galicia) y por el Principado de Asturias. 

Si la denuncia del Ejecutivo asturiano y la de Acerga coinciden en arremeter contra el reparto de cuotas de sus principales especies objetivo -en concreto, de la xarda y el jurel- y los criterios empleados para distribuirlas entre las embarcaciones, la demanda que ha presentado la Asociación de Armadores Pescagalicia-Arpega-Obarco en nombre del arrastre gallego va dirigida a frenar la pretensión del Gobierno de convertir en definitivas las transferencias de cupos realizadas al amparo del plan de gestión del 2013. Eso es lo que se buscaba con la disposición procesal tercera del texto del 2015: dar respaldo a todas las operaciones de compraventa realizadas desde hace tres años y ahorrarse así el caos que puede formarse en el Cantábrico si el Supremo se pronuncia en la línea de la Audiencia Nacional y confirma definitivamente que todos los actos realizados (transmisiones, transferencias, ventas de cuota...) son nulos.

A juicio del colectivo, esa treta constituye una especie de fraude procesal, dado que la norma del 2013 fue declarada nula porque carecía del preceptivo informe del Consejo de Estado y, por tanto, todas las operaciones realizadas (transmisiones, transferencias, ventas de cuotas...) quedaron sin efecto. 

Desguace con ayudas

El sector del arrastre presentó el recurso porque de siempre se mostró contrario a que los barcos que se desguazan con ayudas públicas pudiesen, además, vender la cuota que tienen asignada individualmente, que es lo que se ha venido haciendo desde el 2013. A criterio de Pescagalicia, ese sistema no hace más que ahondar en las desigualdades, pues «os dereitos de pesca quedan en mans dos que máis capital teñen, non nas das empresas que son máis eficientes e máis as necesitan para seguir na actividade», explica Torcuato Teixeira, secretario xeral de Pescagalicia.

Ese límite sí queda recogido en la orden del 2015, que establece que si una embarcación se beneficia de subsidios públicos para abandonar la actividad no pueda comerciar con su cuota, sino que esta revierte automáticamente al Estado, que la redistribuirá entre los barcos que quedan en activo. Otra cosa es que el buque se desguace sin ayudas comunitarias, que en ese caso sí podría vender los derechos que tenía asociados.

Ahora bien, lo que no quieren dejar pasar es que se pretenda dar validez a lo que ya está hecho para ahorrarse complicaciones.

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