Bruselas deja como voluntario dar datos sobre el origen en la etiqueta

Sostiene que obligar a poner la procedencia provocaría subidas de precios

Las latas no tendrán que especificar la procedencia de la vianda que contienen.
Las latas no tendrán que especificar la procedencia de la vianda que contienen.

redacción / la voz

Los mejilloneros gallegos esperaban con los dedos cruzados el informe de la Comisión Europea sobre la pertinencia de incluir en la etiqueta de los alimentos el origen del producto en los no transformados, productos que constan de un solo ingrediente o suponen más de un 50 % del mismo. Ese dictamen constituía una especie de segunda oportunidad para que figurase de manera obligatoria en la etiqueta la procedencia de las piezas que van en el envase de vianda congelada, en las latas de mejillón o en otros platos preparados en los que el molusco sea el producto principal. Pues bien, esa repesca, por ahora, se ha perdido.

La Comisión Europea publicó ayer el esperado informe volcando un jarro de agua fría sobre las aspiraciones del Consello Regulador do Mexillón y de todo el sector que, por considerarse afectado, lo apoyó en su demanda de convertir ese dato en obligatorio. Bruselas, a través de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, contrató un estudio externo para conocer qué datos importaban al consumidor europeo. Y aunque «una abrumadora mayoría de los entrevistados prefieren disponer de información de origen a nivel de país», el trabajo recomienda dejar esa indicación entre las de carácter voluntario, porque convertirla en obligatoria provocaría «un aumento general de los precios al consumidor», sobre todo si se opta por concretar el país, en lugar de simplemente diferenciar si el origen del producto es la UE o un tercer país.

Así que la propuesta de la Comisión al Parlamento y al Consejo es dejar que informar si el mejillón que hay dentro de una lata ha llegado de Nueva Zelanda o se ha producido en Galicia o si se está acompañando el queso con anchoveta peruana o anchoa del Cantábrico siga siendo optativo.

Contradicciones

El informe ha llamado la atención por sus contradicciones. Porque, aunque menos que el precio, sabor, fecha de caducidad o la presentación, lo cierto es «entre dos tercios y tres cuartos de los consumidores declararon estar interesados en el etiquetado del origen de los alimentos», dado que vinculan ese dato con «la calidad, la seguridad o el medio ambiente», amén de que «comprarían productos nacionales para apoyar la economía del país». Y, sin embargo, las dificultades de aplicación de ese imperativo en algunos casos y «el importante aumento de los costes de producción que repercutiría en los consumidores» han decantado la decisión de la Comisión hacia la voluntariedad del dato.

Hondo calado

El informe va aún más lejos y recoge que imponer que se detalle la procedencia del producto podría «tener repercusiones en el suministro internacional de alimentos e interferir en los acuerdos comerciales existentes con terceros países». Abunda en que sería malo para la industria transformadora de aquí, a la vez que sería perjudicial asimismo para la industria extracomunitaria. Para las empresas europeas porque «perderían competitividad en el mercado internacional», y para las de terceros países «por la pérdida de exportaciones derivada de la preferencia de los consumidores por los alimentos originarios de la UE».

La cadena de afectados negativamente no se detendría ahí, según el informe. Las autoridades competentes de los Estados miembros tendrían que afrontar una «carga adicional», «en el actual entorno económico» para hacer frente a las nuevas tareas que supondría vigilar que se está cumpliendo con que figura el origen en el etiquetado.

Serias dudas sobre la «obxectividade e independencia» de la Comisión Europea

Según la tesis de la Comisión Europea, exigir que figure el origen del producto en la etiqueta perjudicaría a la industria comunitaria y de terceros países, al consumidor europeo e, incluso, a las economías de los Estados miembros. El mal menor es, por tanto, que los productores, sean acuicultores o pescadores, no tengan una herramienta legal para obligar a especificar si lo que hay dentro de la lata hay chorito chileno o mejillón gallego. Para Bruselas es suficiente con que el gallego se haga valer luciendo con orgullo su procedencia en la etiqueta mientras el chorito de la lata de al lado permanezca en el anonimato.

Ni que decir tiene que la decisión de la Comisión «é unha noticia moi negativa», a entender del presidente del Consello Regulador do Mexillón, Francisco Alcalde. Y lo es no solo para los mejilloneros, «senón para todo o sector do mar de Galicia».

Aunque todavía no habían acabado de analizar un documento que la Comisión colgó en su página ayer, ya barruntaban un resultado negativo.

Ya no por simple intuición, sino porque ese informe ya fue avanzado, según Francisco Alcalde, en una jornada sobre trazabilidad y etiquetado de productos celebrada el viernes pasado en Santiago. Lo peor, dice, es que lo hizo público un miembro de Anfaco, una parte interesada, «un feito moi grave» que levanta serias «dúbidas sobre a obxectividade e independencia da Comisión Europea», a la que, por cierto, ya han elevado una queja dirigida a su propio presidente, Jean Claude Juncker.

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