Absuelta una pareja vilalbesa porque prescribió el delito urbanístico que le achacaban

Enrique Gómez Souto
enrique g. souto LUGO / LA VOZ

VILALBA

la voz

Las construcciones ilegalizables se encontran en una parcela de la parroquia de Nete

05 jun 2018 . Actualizado a las 22:57 h.

Estaban acusados de un delito contra la ordenación del territorio, por unas edificaciones en el término municipal de Vilalba. La vista en el Juzgado de lo Penal 2 estaba fijada para ayer; los acusados fueron absueltos in voce porque el delito prescribió. La fiscala solicitaba dos años de prisión y multa de dieciocho meses con una cuota diaria de 12 euros.

La parcela sobre la que fueron levantadas las edificaciones que dieron pie a que este asunto llegase al juzgado se encuentran en la parcela 947 del polígono 161 del municipio de Vilalba, concretamente en el paraje denominada Carpaceira, en la parroquia de Nete, con una superficie de unos 2.000 metros cuadrados. En esta finca, según se indica en el escrito de acusación, se levantaron una edificación principal de tipología residencia, así como una edificación auxiliar de 21 metros cuadrados, además de una caseta de unos tres metros cuadrados, construida en Bloque, y otra de chapa galvanizada.

El ministerio público señala que las edificaciones se construyeron en varias fases. En el año 2007 no habían comenzado las obras y en el 2009 estaban sin acabar. El uso residencial de esta «realidad constructiva» quedó de manifiesto, según al fiscalía, en la inspección realizada a mediados de mayo de 2012.

Expone el ministerio público que los terrenos sobre los que fueron levantados los edificios están clasificados como suelo no urbanizable, según las normas subsidiarias de planeamiento del Concello de Vilalba. La parcela se encuentra en un entorno donde existen explotaciones agropecuarias, pastos y terrenos arables, así como masas arbóreas. Está en el área de protección del castro de San Cosme, incluido en el inventario de patrimonio cultural.

Siempre según el relato de la fiscala, las obras fueron ejecutadas sin disponer de autorización de la Administración autónoma y sin ajustarse «en modo algunos» a las licencias de obras menores concedidas por el Ayuntamiento de Vilalba. Según la acusación pública, una de dichas licencias municipales solo autorizaba la construcción de un alpendre de 25 metros cuadrados; la otra un almacén 25 metros cuadrados para herramientas. Indica también que la parcela no tiene la superficie mínima para poder edificar en este tipo de suelo (4.000 metros cuadrados).

Como responsabilidad civil, la fiscalía incluía 15.664,78 euros que era el coste estimado por la Agencia de la Legalidad Urbanística de la demolición.