¿Habrá más sustos de catastrazos?

El SLG avisa de que los casos descubiertos en Vilalba y en Cospeito pueden repetirse en otros municipios


VILALBA / LA VOZ

¿Se repetirán los sobresaltos que los pagos de bienes catastrales causaron en meses pasados en Vilalba y en Cospeito? Cientos de vecinos de este último municipio recibieron a finales del año pasado y a principios de este comunicaciones que informaban de atrasos en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica. El asunto causó inquietud, recogida por el BNG: su concejala en ese ayuntamiento, Yolanda García, trasladó el asunto al pleno, y en la última sesión ordinaria el alcalde, Armando Castosa, aseguró que la gerencia del Catastro le había admitido que se trataba de un error y que se devolvería lo pagado a los afectados.

Poco antes, en Vilalba se desveló una situación similar. El Sindicato Labrego Galego (SLG) avisó de que estaban llegando, a propietarios de construcciones de la zona rural, recibos correspondientes al 2015. En este caso, sin que ningún grupo de la oposición municipal hubiese expresado públicamente su postura tras la advertencia lanzada por el SLG, el alcalde, Agustín Baamonde, afirmó en febrero que los recibos quedaban anulados y que la gerencia del Catastro había trasladado esa decisión a la Diputación, por ser ese el organismo encargado del cobro.

Tanto en Vilalba como en Cospeito, los recibos se referían a pagos por atrasos en bienes de uso agrario que habían sido incluidos en la regularización del 2015. Esa medida implicó que los propietarios tuviesen que abonar una tasa de 60 euros por la revisión más el aumento del IBI. Pero aunque el problema haya sido neutralizado en esos dos casos, no desaparece el riesgo de que se presente en otros ayuntamientos.

En primer lugar, se trata de regularizaciones, no de regularizaciones rústicas indispensables. La normativa establece que los valores que se apliquen a esas construcciones se harán efectivos el 1 de enero siguiente a la publicación de la correspondiente resolución, con independencia de la fecha de su notificación.

En segundo lugar, los dos casos registrados en meses pasados, los de Vilalba y de Cospeito, tuvieron su origen en fallos en la fecha de grabación de las altas de las construcciones regularizadas. Además se da el caso de que esos dos concellos, como la gran mayoría de los de la provincia, tienen una ponencia de valores anterior al 2006.

Desde ese año solo se modificaron en once ayuntamientos lucenses -Xermade, O Vicedo, Mondoñedo, Lourenzá, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, O Valadouro, Castroverde, O Incio, Rábade y Burela-. En el 2006 se registró un cambio de ponencia de valores, pero los problemas afectan a municipios en los que no llevó a cabo el cambio. La normativa implica que en los municipios con una ponencia anterior a ese años las regularizaciones entrarán en vigor el 1 de enero siguiente al de su aplicación; pero el temor se da por el hecho de que se tome mal la fecha de referencia y se puedan dar casos como estos, con recibos de años anteriores.

El SLG ha pedido una reunión con la gerencia territorial del Catastro para conocer más detalles: por ejemplo, quiere saber si el problema se da en más municipios y plantea que se realice una revisión a fondo para esclarecer si realmente hay más concellos con esta situación, bajo la sombra de un nuevo catastrazo.

Una gran mayoría de ayuntamientos están expuestos a pagos que no les corresponden

Bonificaciones para compensar las cantidades pagadas

Algunos concellos impulsaron bonificaciones del IBI en las construcciones de uso agropecuarion para compensar a los vecinos por los pagos realizados. Vilalba fue uno de ellos, con una bonificación del 90%. La petición fue tramitada por más de 90 vecinos, y las de una gran mayoría fueron informadas favorablemente. Los que no la solicitaron todavía pueden pedirla, y si se informa favorablemente, el efecto se producirá el año próximo.

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