La interventora y el secretario de Sarria proponen judicializar la contratación de un detective en la residencia de mayores
SARRIA
Infomes de intervención y secretaría apuntan a que Benjamín Escontrela podría haber incurrido en un posible delito de falsedad documental o de malversación de fondos
16 feb 2023 . Actualizado a las 05:00 h.La interventora y el secretario del Concello de Sarria han sido rotundos en sus informes. El servicio del detective privado para investigar a trabajadores de la residencia incumple la normativa de contratación y no ha sido demostrado pese a que se pagaron las facturas. Por lo que el concejal responsable, Benjamín Escontrela, podría haber incurrido en un posible delito de falsedad documenta o de malversación de fondos. La interventora recomendó trasladar el caso al Ministerio Fiscal y el secretario, al Juzgado de Instrucción.
Los dos empleados municipales realizaron sendos informes a raíz de la petición de la junta rectora de la residencia, conformada por todos los concejales de la corporación. Después de cesar como concejal de servicios sociales a Escontrela, el alcalde Claudio Garrido sacó a la luz la contratación por su parte de un detective para investigar a ocho empleadas de la residencia. Contrató a un profesional en los meses de octubre y noviembre del 2019.
Pese a que este tipo de servicio está amparado por la ley, el mayor problema fue que no constaban los informes realizados por el detective que justificaban y demostraban su servicio. Escontrela alegó en su momento que se encontraban en un cajón de la residencia. Sin embargo, su ausencia podría traer graves consecuencias.
Ausencia total del proceso de contratación
En primer lugar, la interventora recoge en su informe que se requirió tres veces a Escontrela y una al detective que entregaran la documentación, pero no recibió respuesta. Después, destaca que existe un informe de reparto del 2019 porque no hubo ningún trámite de procedimiento de adjudicación del servicio.
El coste del detective fue de 17.887 euros. A partir de 15.000, pasa de ser un contrato menor, por lo que tiene que consultarse a tres proveedores y verificar la existencia de crédito según las bases de ejecución del presupuesto. Sin embargo, los pagos fueron fraccionados, por lo que pasaron a ser menores y no se hizo. «Non consta informe de necesidade e xustificación das regras de non fraccionamento», recogía entonces el informe.
Sentenciaba además que había una ausencia de trámites esenciales y de procedimientos ordinarios de contratación. Pero Escontrela decidió levantar este reparo. Alegó que los contratos eran indispensables para el funcionamiento de la residencia y que estaba comprobado que fueran ejecutados gracias a la firma de conformidad del concejal en las facturas. «Efectúase cun selo sen que se poida pois acreditar que é propio presidente [da residencia] o que asina as facturas, polo que se ven recomendando proceder á sinatura dixital das mesas», aclara la interventora.
Sin embargo esta sinatura no es suficiente, y el secretario y la interventora recogieron que los informes resultantes de las investigaciones llevabas a cabo no constan oficialmente ni en el Concello ni en la residencia. «De non terse presentado o servizo e, pese a iso, terse asinado de conformidade as facturas, aprobado o gasto e pagado o mesmo, estaríamos entón ante posibles delitos de falsedade documental e malversación de fondos», concluye la interventora. Ahora está en manos del gobierno local llevar a cabo la recomendación de los dos funcionarios y trasladar la documentación al Ministerio Fiscal o al Juzgado.
