Investigación judicial a la residencia de Sarria por la intoxicación de una usuaria

Una familia denunció el mes pasado a la residencia de Sarria y a la encargada de la misma por un episodio de presuntos tratos indebidos y una posible intoxicación a una usuaria con un medicamento que no tenía recetado. Actualmente el centro de mayores está siendo investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Sarria por un delito sin especificar.

El pasado 14 de diciembre, una mujer ingresó con PCR negativa como nueva usuaria en la residencia Nosa Señora do Carme de Sarria, un centro de titularidad municipal. Durante la primera semana, de lo único que se informó a la familia, todo vía WhatsApp, fue: «por la mañana está mal, por la tarde un poco mejor y por la noche duerme».

El sábado 19 del mismo mes, cinco días después, familiares acudieron a la residencia para llevarle ropa y calzado a la usuaria. Según constatan en la denuncia, la recepcionista que las atendió les comunicó que la residente estaba encerrada con llave en una habitación, pero que iban a verla cuando daba golpes en la puerta. Ante esta información, la familia llamó a la coordinadora, ahora denunciada, y cuentan que esta confirmó y justificó que se encerró a la usuaria por protocolo.

Sin embargo, el reglamento de coronavirus de la Xunta asegura que: «Permitiranse os novos ingresos e non serán sometidos a illamento preventivo. Solicitarase á familia ou coidadores que realicen e rexistren un control da temperatura e a enquisa clínico-epidemiolóxica do futuro residente dende sete días antes da data de ingreso na residencia. Con anterioridade ao ingreso, realizaráselle unha proba PCR nun período máximo de 72 horas, que deberá resultar negativa».

Ese mismo sábado, la familia de la residente pidió que le encendieran el teléfono móvil con el que contaba para poder hablar con ella. En un principio la recepcionista dijo que sí, pero a las dos horas le informó de la desaparición del móvil. Posteriormente, el celular apareció en la lavandería y argumentaron que no tenían llaves para entrar a buscarlo. A día de hoy, el móvil todavía no ha sido devuelto, según confirma la familia en la denuncia. El domingo día 20, los familiares recibieron una llamada de la residencia para informarles de que la residente había sido trasladada por el 061 al HULA porque la encontraron inconsciente en la habitación. En la denuncia consta un informe del hospital donde se establece como motivo de ingreso una posible intoxicación por Benzodiazepinas. Tras dos días sedada, la residente comenzó a recuperarse.

El miércoles día 23, la familia concertó una cita con la coordinadora reclamando explicaciones, pero esta avisó de que no podía atenderla. Por tanto, los familiares acudieron al centro de mayores para recoger la televisión y el teléfono, pero afirman que solo le devolvieron la televisión. Seis días después, la usuaria afectada fue atendida por su médico de cabecera. Este sanitario confirmó que en la residencia se le pautó tratamiento a mayores del establecido por el centro de salud, que previamente no tomaba. Las Benzodiazepinas no constaban entre los medicamentos recetados. Por otra parte, cuenta que la usuaria relató su estancia en el centro de mayores con un discurso que el médico calificó como «coherente». La afectada cuenta que hubo tratos inapropiados durante su estancia, referentes a empujones y a que le tiraban la comida, según consta en la denuncia. La familia afirma que la mayor sufrió un cuadro de ansiedad y angustia en los meses posteriores y que, pese a su demencia, recuerda como traumática su estancia en la residencia.

Una vez pasados los hechos, la familia tardó unos meses en denunciar porque esperaban una explicación y una disculpa del representante de la residencia y concejal, Benjamín Escontrela, y de la encargada.

El edil Escontrela, investigado

La denuncia fue presentada el ocho de marzo y el día 15 el Juzgado de Sarria emitió el auto. El organismo citó a la familia para declarar la semana pasada y ahora es el turno de los denunciados. El día 28 de este mes, está citado para declarar en calidad de investigado el representante legal de la residencia de mayores, Escontrela. En el caso de la encargada, solo se conoce su apodo, por lo que la jueza dictaminó que la Guardia Civil debe proceder a identificarla. También están citadas dos empleadas en calidad de testigos el mes de mayo.

Este periódico intentó ayer recabar la versión de la residencia, pero no fue posible contactar con sus responsables.

---

---

---