El Concello de Sarria devolverá 30.300 euros a la exalcaldesa por rebajarle el sueldo

María Guntín
María Guntín SARRIA / LA VOZ

SARRIA

La exalcaldesa Pilar López en una foto de archivo
La exalcaldesa Pilar López en una foto de archivo ALBERTO LÓPEZ

Pilar López Yáñez demandó a siete concejales que presentaron una moción en 2016 por la que se le redujo en un 30 % el salario

11 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratifica una sentencia que obliga al Concello de Sarria a devolver a la exalcaldesa del municipio Pilar López Yáñez 30.278 euros tras rebajarle el sueldo «como represalia» y «al no poder echarla». Por lo tanto, el alto tribunal no admite el recurso de apelación presentado por el ayuntamiento lucense contra la sentencia emitida por el juzgado Contencioso-Administrativo de Lugo Número 1.

Año 2016, el punto de partida

Todo empezó tras una moción firmada por nueve concejales en un pleno celebrado en Sarria el 28 de julio del año 2016. López Yáñez demandó a siete ediles del PP y a otros dos no adscritos, Antón Fortes y Benjamín Escontrela, para reclamarles daños y perjuicios después de que aprobasen la reducción de su salario en un 30 %. Pasó de cobrar 32.650 euros brutos anuales a 22.650 por su dedicación exclusiva a la actividad que desempeñaba. La sentencia del TSXG estima que hubo «desviación de poder» y que los concejales utilizaron «las facultades que les confiere la ley como un instrumento de venganza», para tomar así «represalias» contra la exregidora al «no poder echarla».

La sentencia del TSXG obliga al Concello de Sarria a devolver a Pilar López el dinero que dejó de ganar después de que le bajaran el sueldo y, asimismo, a hacerse cargo de las costas procesales hasta el límite de 500 euros, así como de los intereses legales hasta la fecha.

El servicio jurídico del ayuntamiento sarriano apeló la sentencia del contencioso-administrativo alegando que no hubo desviación de poder, mientras que la parte apelada se opuso a la estimación reiterando que la bajada de sueldo se produjo de manera «ilegal» y adoptado con «desviación de poder», tal y como se recoge en la sentencia.