La oposición de Sarria en bloque, al juzgado por el sueldo de una funcionaria

El abogado que los representa a todos pide el archivo de la investigación y ellos amenazan a la alcaldesa con una querella por denuncia falsa


Sarria

Nueve de los diez concejales que forman parte de la oposición municipal en Sarria pasaron ayer por el juzgado para declarar como investigados en el caso de la subida salarial de la directora del Centro de Información á Muller (CIM). La Fiscalía había pedido a la jueza que los interrogase para comprobar si votaron en un pleno contra la sentencia judicial que le daba la razón a esa trabajadora y ordenaba que le subiesen el sueldo. Los aludidos, de tres fuerzas políticas distintas, confían en que el caso se archive sin ninguna consecuencia legal para ellos y aseguran que si la Fiscalía los llamó a declarar es porque el gobierno local ha ocultado información básica sobre este asunto.

«Hai un informe da Avogacía do Estado que constata que a proposta que sacamos adiante de forma conxunta naquel pleno respectaba por completo a sentenza». Así resumió el portavoz municipal del PP en Sarria, José Antonio García, su posición sobre este asunto a la salida del despacho de la jueza. Él fue el primero en declarar y todos los demás asumieron esos mismos argumentos. Lo hicieron no solo los demás concejales del PP, sino también los dos no adscritos elegidos hace cuatro años dentro de Compromiso por Galicia y el independiente José Manuel Bello. El único de los que habían sido citados que no compareció ayer en el juzgado fue Manuel Sangil. Elegido en la lista del PP, pero desvinculado desde hace meses de la disciplina de este partido, es también el único que tiene un abogado distinto, que precisamente ayer estaba de baja por enfermedad. Sangil declarará él solo en una fecha aún por determinar, cuando su letrado se haya recuperado. Todos los demás son defendidos por el letrado sarriano Pedro García, que tenía intención de pedir ayer mismo el archivo de las diligencias.

La causa de esta poco habitual investigación colectiva sobre toda la oposición municipal de un Ayuntamiento es el rechazo en un pleno de la propuesta del Gobierno local para subirle el sueldo a la directora del CIM. Esta trabajadora había recurrido a la justicia para pedir que se la reconociese el derecho a figurar en un puesto de empleada pública del grupo A1 y nivel 26, y una sentencia firmada en el 2016 le dio la razón. El Gobierno local llevó a pleno esta cuestión en febrero del 2018 en una propuesta que incluía además un complemento específico de 17.000 euros anuales. La oposición la tumbó porque el complemente específico le parecía excesivo y sacó adelante una resolución alternativa, con el grupo y nivel reconocidos por la sentencia, pero un complemento más bajo.

La propuesta inicial de la alcaldía iba avalada por un informe del secretario municipal y otro firmado por las directoras de los centros de información a la mujer de Lugo y de Monforte. Los dos respaldaban los 17.000 euros de complemento. Por su parte, la oposición se escuda en el informe de la Abogacía del Estado que dice que la propuesta finalmente aprobada con los votos de la oposición respeta la sentencia judicial.

Lo pidió la Fiscalía en febrero

La Fiscalía pidió el pasado mes de febrero al juzgado de Sarria que investigase aquella resolución plenaria. Lo hizo después de que el Gobierno local de Sarria le enviase documentación sobre el caso. Los ahora investigados sostienen que en esa documentación faltaban datos fundamentales, como el informe de la Abogacía del Estado. Esa omisión es la que les da pie a amenazar ahora con una querella por denuncia falsa.

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