Sarria, Terra Chá y Lugo, zonas con más ayudas a nuevos ganaderos

Xosé María Palacios Muruais
xosé maría palacios LUGO / LA VOZ

SARRIA

CARLOS CASTRO

Solo el 11% de las incorporaciones se produjeron en Chantada y la comarca de Lemos

01 ene 2019 . Actualizado a las 22:31 h.

Tres comarcas con peso y con tradición ganadera -la de Sarria, la Terra Chá y la de Lugo- marcan en la provincia la pauta de la incorporación de jóvenes al sector. El detalle, además, tiene la particularidad de que esas tres, con datos en la mano, sobresalen con claridad frente a otras en las que la ganadería también ha estado y está presente.

Según estadísticas facilitadas por la Xunta, durante el 2017 se tramitaron 44 ayudas en Sarria, 40 en la Terra Chá y 38 en Lugo, lo que supone el 62 % del total de la provincia. El resto de las ayudas se tramitaron en otras siete comarcas, aunque con cifras muy alejadas de las de esas tres zonas. En A Ulloa, el año pasado, se concedieron 18 ayudas; en Chantada, 13; en la comarca de Lemos, diez; en Os Ancares, nueve; en Meira y en A Mariña, ocho, y en A Fonsagrada, seis.

Los 194 expedientes tramitados en toda la provincia supusieron un volumen total de ayudas de algo más de seis millones de euros (exactamente, 6.074.000). Las comarcas que lideran la incorporación de jóvenes al campo superan ampliamente a las otras en cantidades concedidas: a Sarria le correspondieron 1.230.500 euros; a la comarca chairega, 1.181.500, y a Lugo, 1.169.000, mientras que solo dos de las restantes consiguieron un volumen de ayudas por encima del medio millón de euros (741.500 en A Ulloa y 546.500 en Chantada).

La ayuda total por cada nueva incorporación tiene una cuantía básica de 20.000 euros. Según el volumen de gasto necesario para la puesta en marcha de la explotación o para la instalación del ganadero, pueden concederse varias primas que eleven la mencionada cantidad. Sin embargo, la ayuda total no puede rebasar los 70.000 euros. Los fondos, que recogen también la creación de empleo como otro motivo para su concesión, obligan a quien los recibe a una permanencia mínima de cinco años en la explotación.