Un ingeniero atribuye a la intensa lluvia el derrumbe de la escombrera de Samos

Enrique Gómez Souto
enrique g. souto LUGO / LA VOZ

SAMOS

Dijo que cuando se desmoronó, en el 2006, ya llevaba más de 10 años sin uso

29 sep 2017 . Actualizado a las 19:31 h.

En la Audiencia Provincial quedó ayer visto para sentencia el juicio a los dos propietarios de una cantera de Lampazas, en Samos, dedicada a la extracción de pizarra, en la que en noviembre de 2006 se desmoronó una escombrera que causó graves daños en el entorno, tanto a efectos medioambientales como en patrimonio construido. La petición de penas por parte de la fiscalía (4 años) y de la acusación particular (6) se mantiene, pero con una modificación, que agrava los conceptos sancionadores.

La fiscalía acusó a los dos propietarios de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, aplicando los artículos del Código Penal 325 (referido a actividades que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales) y el apartado del 326 que determina que se aplicará la pena superior en grado cuando la industria funcione si tener todas las autorizaciones preceptivas. A mayores, la fiscala incorporó ayer los apartados del mismo artículo que se refiere al no cumplimiento de órdenes de corrección (B) y a que se produjese un riesgo de deterioro irreversible (E). Considera que los hechos juzgados constituyen un delito previsto en el artículo 330, centrado en los daños en elementos que sirven para calificar como protegido un espacio natural (Red Natura).

En la mañana de ayer declararon numerosos peritos. El testimonio de algunos de ellos fue muy breve, dado que elaboraron sus informes sobre los aportados por otros y sin pisar el terreno afectado.

Uno de los testimonios más contundentes fue el de un ingeniero de montes al que la empresa encargó un informe pericial tras el derrumbe. Lo hizo a principios de 2007. Para este técnico, no cabe duda de que el derrumbamiento estuvo directamente relacionado con la gran cantidad de lluvia caída en aquellos días de noviembre. Explicó así que, a su juicio, la crecida del río había descalzado la escombrera, al mismo tiempo que el agua de escorrentía aumentaba el peso del depósito hasta provocar el derrumbamiento. Dijo que, a juzgar por la capa vegetal que vio en la parte que no se desmoronó, esa escombrera lleva más de diez años fuera de uso. Manifestó con rotundidad que se trataba de una escombrera propia de las explotaciones pizarreras de Galicia, de ladera. Cuando le preguntaron explícitamente cuál fue la causa probable del desmoronamiento respondió sin dudar que la fuerte lluvia. En el transcurso de su declaración se señaló que en 2006 el depósito fue inspeccionada por un técnico facultativo de la Xunta y no hubo ninguna indicación de aplicar medidas.

De nuevo hubo preguntas y respuestas, unas vagas, otras no, acerca de la existencia de otra escombrera que sería la que estaba operativa.

Manifestó que se trataba de una escombrera propia de las explotaciones pizarreras de Galicia

El día concreto en el que se produjo el derrumbe no parece estar claro tras los testimonios

Gran disparidad en la valoración del coste de reconstrucción de los molinos

Los primeros en declarar fueron dos miembros del Ibader, instituto que realizó tres informes sobre este derrumbe de la escombrera. Manifestaron que en su día (un año después de ocurrido el percance) vieron una serie de daños al medio ambiente, con algunos hábitats que habían desaparecido. Algunas de las especies -señalaron- serán recuperables a largo plazo. Hicieron una valoración de los molinos desaparecidos que, como mucho, tasaron en 3.000 euros, calculando según precios del sector de la construcción y valoración catastral, para la reposición de las cuatro paredes y el tejado. Declaró también una ingeniera que emitió también un informe sobre este asunto. En relación con el coste de reconstrucción de los molinos aplicó otros parámetros de modo que en algún caso el resultado fue de 30.000 euros. Se mostró convencida de que la reposición de los edificios es imposible. Esta ingeniera sí incluyó en su informe el mazo que resultó destrozado; dijo que de su existencia da cuenta un acta notarial de 2003, en la que figuran fotos. Por su parte, una ingeniera técnico agrícola de la Hidrográfica dijo que vio daños irrecuperables. Lo que no parece haber quedado claro tras el juicio es la fecha concreta en la que se produjo el desmoronamiento.

A la vista de las modificaciones hechas por la acusación, las defensas pidieron que el receso previo a la exposición de conclusiones definitivas fuese de media hora, para adaptar las suyas a los cambios habidos.