El recurso de una familia lucense originó un cambio en la ley para la concesión de ayudas a la Educación
05 may 2016 . Actualizado a las 05:00 h.En el año 2014, Educación denegaba a una estudiante de Portomarín con excelente bagaje académico la concesión de una beca. El motivo era que la suma de los valores catastrales de las fincas rústicas de la unidad familiar superaba los 13.100 euros que estipula la legislación para obtener una ayuda pública. La familia presentó recurso ante Hacienda y se lo denegaron. En lugar de desanimarse insistieron con un recurso potestativo de reposición ante la Secretaría de Estado de Educación
El último recurso fue estimado y no solo supuso que les dieran la razón, sino que dos años después servirá como base para la entrada en vigor de una nueva ley de becas que pone el punto y final a la discriminación que sufrían los alumnos de zonas rurales.
Distinto razonamiento
El razonamiento que esgrimían en su exposición, y que luego fue seguido por otras familias en Galicia, es que la ley penalizaba a los estudiantes que residían en los concellos de ámbito rural frente a los de las ciudades. El motivo de esa discriminación es que mientras que para los residentes en zona urbana el importe catastral de su vivienda habitual no computaba en la documentación para solicitar la beca, en el el caso de las casas que estaban consideradas como bienes de naturaleza rústica, sí lo computaba.
Las alegaciones de la familia fueron acompañadas de un amplio informe elaborado por los técnicos del Concello de Portomarín y firmado por su alcalde, Juan Serrano, en el que se detallaba la diferencia de oportunidades para acceder a una beca entre alumnos residentes en ciudades y en concellos rurales. «Cuando se trata de sumar los valores catastrales de las fincas urbanas que pertenecen a los miembros computables de la familia se excluye la vivienda habitual y, en cambio, cuando se trata de sumar los de fincas rústicas no existe tal exclusión», dice literalmente el informe, para apostillar en el párrafo siguiente que este trato es «tremendamente injusto».
El informe de Portomarín fue utilizado como base por el Ministerio de Hacienda para enviar un escrito a la dirección general del catastro en el que le recomienda que valore la oportunidad de modificar los criterios de baremación de valores catastrales entre el ámbito urbano y rural en posteriores convocatorias. «Los efectos se producen en todo el territorio nacional y muy especialmente en el norte como consecuencia del tradicional modelo disperso de asentamiento en el territorio. Baste citar que en Galicia, cuya superficie supone el 5,8% del territorio español se encuentran más de la mitad de las entidades singulares de población y que en la provincia de La Coruña existen más de 17.500 bienes inmuebles de naturaleza rústica cuyo valor supera los 13.100 euros, correspondientes en la mayoría de los casos a viviendas habituales cuyos propietarios no podrán acceder a las ayudas ofertadas. Esta situación ha sido puesta de manifiesto por algún ayuntamiento, como el de Portomarín cuyo escrito se adjunta».
El cambio en la legislación fue celebrado especialmente por la madre de la alumna de Portomarín, que hace dos años decidió emprender una cruzada contra una norma de la dirección general del catastro que consideraba injusta. «Estou moi satisfeita tras saber que se solucionou esta inxusticia. A única magoa é que perante moitos anos fixo que moitos rapaces que non escolleron a vía da protesta para buscar unha solución ao problema non poideron estudar», expresó Marisa Santos.
Norma discriminatoria
Esta mujer decidió desde el primer momento que iba a hacer frente a la administración para abolir una norma que discriminaba a los estudiantes del ámbito rural. «Moita xente seguro que desistiu ao recibir a comunicación de que non podían ter unha beca por exceso de patrimonio. No meu caso non me resignei e molesteime en ler o BOE para coñecer ben a normativa e poder facer alegacións. O final, tamén gracias ao apoio do Concello de Portomarín, logramos gañar o recurso», expresó Marisa Santos.
Esta madre es evidente que no se arredra ante ninguna administración. En el 2013 ya la denegaran la beca a su hija y la recuperó tras presentar un recurso ante la Xunta. Un año después tuvo que volver a hacerlo, en este caso ante el gobierno nacional y volvió a resultar victoriosa. Los desvelos de Marisa Santos se vieron gratamente recompensados por el buen nivel académico de su hija, quien actualmente cursa los estudios de Derecho y Administración de Empresas en el campus de Vigo.