Martínez afirma que en el conflicto de las residencias «solo me mueve la legalidad»
18 abr 2018 . Actualizado a las 09:44 h.El consejo de administración de Suplusa que convocó ayer en Pol su presidente, Manuel Martínez, para dar cuenta de que ya dispone de la autorización de la Xunta para prestar servicio en la residencia y en el centro de día del municipio solo contó con la presencia del presidente y de los cuatro consejeros del PP. Los representantes del PSOE (tres, entre ellos el presidente de la Diputación) y del BNG no acudieron.
Los socialistas recuerdan que la Diputación le quitó la condición de medio propio a Suplusa para gestionar las residencias, no así la encomienda de gestión para construirlas. Además, el gobierno provincial ya firmó un convenio con el Concello de Pol, refrendado en su pleno, para poner en marcha el centro de mayores. Por su parte, desde el BNG, su portavoz, Xosé Ferreiro, afirmó ayer que mientras no se clarifique la situación no acudirán a ningún consejo de Suplusa.
Martínez explicó que el continuará con su hoja de ruta, basando su argumentación en que Suplusa tiene las competencias legales porque se las transfirió en su momento el pleno y solo este está autorizado para quitárselas. Precisamente, a instancias del PP, en el último pleno se aprobó que Suplusa siga con la gestión. Martínez insistió en que existe por parte del gobierno de la Diputación un «interés por privatizar» esas instalaciones que es «claro y contundente», hasta el punto de que estuvo dispuesto a «romper un pacto que estaba funcionando perfectamente» con él mismo y a iniciar «una carrera frenética» para firmar los acuerdos con los ayuntamientos. De hecho, aseguró que las residencias serán «un chiringuito extraordinario» para para una empresa privada, porque el contrato de servicios en el que piensa el gobierno provincial es «totalmente negativo» para la Diputación, que asumirá «las pérdidas» del servicio si existen, mientras que si hay beneficios se los llevará la concesionaria. «Es un contrato de alto riego para la Diputación» y que implica que «el personal no va ser público», insistió Martínez. También encuentra como posible motivo para lo sucedido el hecho de que había gente en el gobierno provincial que no quería que «Martínez abriese las residencias», porque la gestión desde que se hizo cargo de la presidencia de la empresa pública, en septiembre de 2017, ha sido «brillante». De hecho, confirmó que en su momento le propusieron llevar la gestión de las residencias desde la Vicepresidencia de la institución, pero declinó ese oferta, porque si hubiese abandonado Suplusa y aceptado el encargo, podrían haberlo cesado, como finalmente ha sucedido, y lo hubiesen dejado «con el culo al aire» y sin capacidad de maniobra.
Por otra parte, apuntó que la Diputación incluyó en sus convenios la residencia de Ribadeo, que era municipal, porque a lo mejor el alcalde, el nacionalista Fernando Suárez, abandonará el BNG para sumarse a las filas socialistas. El alcalde desmintió «absolutamente» las «falsas informaciones» difundidas por Martínez, que son «estrambóticas» y responden a su interés por «andar enredando», para «intentar desviar la atención de sus actuaciones esperpénticas».