Caso Campeón: El abogado del único acusado que fue a juicio tacha de «saldo» los acuerdos con la fiscalía

Apunta que una condena de Rodríguez sería favorable en lo económico y quizá en lo judicial para los que conformaron


lugo / la voz

Justo antes de que el presidente del tribunal anunciase el «visto para sentencia» con el que terminó en la Audiencia el juicio del caso Campeón, algunos de los acusados que llegaron a acuerdos con la fiscalía usaron la oportunidad que les fue dada para hablar. Hubo, quien, como el empresario Jorge Dorribo, aprovechó para puntualizar alguna desagradable mención a su progenitora que figura en una de las grabaciones de conversaciones telefónicas. Otros abundaron en explicaciones acerca de por qué pusieron tanto interés en la gestión de las ayudas. Y hubo quien se quejó de que la fiscalía no cumplió dos compromisos a los que había llegado, en cuanto a no tener que declarar (reconoció que podía haberse negado a hacerlo) y a que no tendría que estar en la sala. Las penas de los acusados que llegaron a acuerdos con la fiscalía (11 de 12) casi no experimentaron cambios, salvo pequeñas matizaciones en aplicación de atenuantes; el único acusado que defendió su inocencia, el único que fue a juicio, Javier Rodríguez (Proitec) vio rebajada la petición de condena, en lo que a prisión se refiere, desde los 4,2 años que se le pedían inicialmente a 13 meses por dos delitos contra la hacienda pública, uno en grado de tentativa.

La fiscala María Vázquez, en la lectura de las conclusiones definitivas, fue poniendo el foco en las responsabilidades que le atribuye al único acusado que no llegó a acuerdos con el ministerio público, Javier Rodríguez, de la firma Proitec. De ella, dijo que lo que ofrecía era contactos y que en ese grupo de empresas todas las decisiones se tomaban consensuadamente entre Carlos Monjero (llegó a acuerdo con la fiscalía) y Javier Rodríguez, que, según dijo, tenían el mismo conocimiento y capacidad de decisión. Señaló que fue Rodríguez quien contactó con el tasador Balbino Trigo.

La letrada que ejerció la representación de la Xunta indicó que el caso Campeón es «una trama compleja». Señaló que el Igape, en la concesión de las ayudas aprobadas a Nupel, aplicó garantías incluso adicionales, pero no fueron suficientes para evitar el perjuicio patrimonial.

Errores

El abogado defensor de Joaquín Varela (exdirector del Igape), indicó que hubo errores por los funcionarios de Vigilancia Aduanera; destacó que el Igape estableció en este caso exigencias mayores de las habituales y que en el citado instituto se creyó en el proyecto para el que se solicitaron los fondos. Otro de los abogados calificó de «errática» la instrucción. Fueron apuntes hechos en el momento de reconocer la conformidad definitiva con los acuerdos alcanzados.

José Luis Fiuza, representante legal de Javier Rodríguez, el único acusado que fue a juicio (los demás tuvieron que estar en la sala en el banquillo de los acusados durante todas las sesiones), inició su intervención avisando de que no sería breve. Comenzó por reconocer que su patrocinado arriesgó mucho optando por defender su inocencia. Intentó dejar claro que Proitec es un grupo de empresas con funciones diferentes y que cada uno de los socios realizada tareas distintas. Así, explicó, Carlos Monjero, que es diplomado en Empresariales, se encarga de la asesoría, materia de que su defendido, maestro industrial, «no tiene ni idea». Relató que cuando la firma de Dorribo no abonó a Proitec las obras ejecutadas en Outeiro de Rei y Andorra, fue Rodríguez quien pagó a las firmas subcontratadas, sin cobrar él. Explicó que en Proitec había otros dos socios, uno de la industria del pan y otro de la perfumería, que cuando comenzaron los problemas quisieron dejar esta sociedad; fue Rodríguez quien compró sus participaciones, y aún está pagándolas, aseguró.

Fiuza dijo que los alcanzados por la fiscalía con 11 de los acusados, «más que acuerdos, son saldos»; eso sí, aclaró que lo decía «sin ánimo de criticarlos, pero para mostrar el agravio comparativo» con su patrocinado. Se quejó también de haber estado «en un limbo jurídico», en tanto que cuando se alcanzaron los acuerdos con los otros acusados, a su defendido se le mantenía la acusación inicial. «Y es en este acto cuando el delito de cohecho [en lo que atañe a su defendido] parece que ha desaparecido», señaló el mismo letrado. Resaltó que el ministerio fiscal intentó una y otra vez «meter a Javier Rodríguez en la asesoría empresarial», pese a los testimonios que confirmaron que de esa faceta no tiene conocimientos.

Sin medidas

En cuanto a la investigación y a la instrucción, Fiuza llamó la atención sobre el hecho de que ni Vigilancia Aduanera, ni la jueza, aunque sabían que se iba a pagar, intentaron evitar que el dinero del préstamo concedido por el Igape llegase a Nupel. Itentó demostrar que su patrocinado se limitó a contactar con el tasador del robot a adquirir para Nupel, sin darle indicación alguna, hasta el punto, indicó, de que si Javier Rodríguez tuviese responsabilidad legal en esto, el tasador tendría que estar entre los acusados. También sostuvo que el delito contra la hacienda pública que se le achaca a su defendido no existe, porque no hubo gestiones para cobrar las subvenciones concedidas a Nupel.

El abogado se mostró convencido de que hubo una estrategia interesada por parte de los acusados que llegaron a acuerdos con la fiscalía. Dijo que el interés es económico, porque la absolución de su patrocinado supondría una parte menos a aportar para las indemnizaciones; también judicial, porque si es condenado y recurre, intentará anular el proceso.

La fiscala destacó que Carlos Monjero y Javier Rodríguez tenían la misma capacidad de decidir

El abogado de Javier Rodríguez se quejó de haber estado «en un limbo jurídico»

Condenas aceptadas y petición fiscal

-Jorge Dorribo: Aceptó 5 años y 11 meses

-Arsenio Méndez (socio de Dorribo): Aceptó 22 meses

-Carlos Monjero (socio de Javier Rodríguez en Proitec): aceptó 8 meses

-Pablo Cobián (exdiputado del PP): aceptó 8 meses.

-José Manuel Expósito, María Isabel Fernández Pena y María Inmaculada Abuide: aceptaron dos meses y 15 días de prisión a sustituir obligatoriamente por cinco meses de multa.

-Marcos Iglesias, Araceli González y María Isabel Fernández, aceptaron cuatro meses de prisión.

-Joaquín Varela de Limia y Carlos Silva Liste: aceptaron seis meses de multa.

-Javier Rodríguez (Proitec): Petición de la fiscala: 13 meses de prisión

Dorribo sobre Proitec: «Yo no los fui a buscar a ellos; fueron ellos los que vinieron a mí»

Cuando el presidente del tribunal preguntó a los acusados si querían decir algo, el empresario Jorge Dorribo, aludió a un calificativo que le dedican en una de las grabaciones, y, en relación con Proitec, señaló: Yo no los fui a buscar a ellos; fueron ellos los que me vinieron a buscar a mi.

También Carlos Monjero aprovechó la ocasión para, tras señalar que durante la vista había «tenido que tragar mucha saliva», puntualizar un par de cuestiones en relación con Javier Rodríguez.

A su vez, Pablo Cobián calificó de desafortunada la intervención del abogado Fiuza, insistió en que jamás cobró nada por sus gestiones y dijo que él y su familia han estado sometidos a la pena de telediario durante siete años. Aseguró que creyó que el proyecto de Dorribo era importante para Lugo.

Joaquín Varela, a su vez, mantuvo que nunca fue consciente de que hubiera irregularidades en la documentación y aseguró que creía en el proyecto.

Otro de los acusados se quejó de que no se cumplieron algunos aspectos del acuerdo, como el de no tener que declarar en sala ni permanecer en ella durante el juicio a Javier Rodríguez.

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